SIEMPRE han despertado avidez política las fuentes energéticas. Ahora disfruta el presidente Putin cerrando con su llave maestra las tuberías que llevan el gas ruso a Ucrania, aterida de frío, aunque deja abiertas las que lo trasladan a Europa, para que ningún reproche rompa el silencio de la Unión Europea. En torno al gas o al petróleo sólo se mueven corrientes de energía política en hilos conductores de intereses económicos. Política y economía actúan muy unidas en este campo.

Cuando una empresa tan fuerte como Gas Natural, entreverada de capital catalán, intenta absorber mediante una opa hostil a otra empresa aún más fuerte, como es Endesa, en el mundo económico se produce cierto asombro. E inmediatamente surge la pregunta: ¿quién hay detrás? Detrás está, obviamente, La Caixa, accionista mayoritario de Gas Natural, y el presumible interés de las fuerzas vivas de Cataluña, o de parte de ellas, por controlar el sector energético del gas y la electricidad. Y al fondo, como último responsable del proceso, estaría el Gobierno del Estado, del que depende decidir a favor o en contra de la operación.

Mientras el Gobierno central ha procurado mantenerse discreta y aparentemente distanciado de la opa -para el buen encarrilamiento de la misma, debiera suponerse-, el PP ha desplegado todas sus fuerzas, mediáticas e institucionales, para desbaratar el asunto. Y la votación anteanoche del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) -6 vocales a 3 en contra de la opa- sería un éxito de la enardecida estrategia 'popular'. Y un éxito pasivo de muchos ciudadanos, a los que horroriza una excesiva concentración empresarial por las restricciones a la libre competencia que supone.

A los pocos días de anunciarse el lanzamiento de esta opa dejó de creerse que se trataba de una iniciativa puramente empresarial. Empresarial lo es, por supuesto, pero su tintura política era visible, y casi más por la reacción contraria del PP que por las esmeradas declaraciones del vicepresidente Solbes, que se hacía el desentendido. Pero la política ha presionado, y mucho, tanto a la Comisión Nacional de Energía como al Tribunal de Defensa de la Competencia, hasta el punto de que en este organismo cada vocal ha votado de acuerdo con su afinidad ideológica, es decir, a favor de quien lo había nombrado.

El Gobierno central sólo se expresó ayer por medio del secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, pues hasta que el TDC envíe su llamémosla sentencia al ministro de Industria no habrá toma en consideración oficial. Sin embargo, Moraleda anticipaba ayer que el Gobierno estudiará tanto el dictamen del TDC como el de la Comisión Nacional de Energía, que era favorable a la opa aunque con restricciones. Y aseguraba el portavoz que el Consejo de Ministros decidirá de acuerdo al interés de los ciudadanos, es decir, de los consumidores y de la economía española, porque, y aquí hay un ataque retrospectivo al PP, en las decisiones del Gobierno «ya no hay amigos ni favores».

No quiso Moraleda hacer juicios de valor sobre la votación del TDC, de acuerdo cada vocal con su afinidad política, pero insistió en que el Gobierno defiende a los ciudadanos frente a intereses privados o políticos, «voten a quien voten». No cabe, pues, más política en una opa sobre la que se alzan ya en armas las dos facciones enfrentadas. De prosperar la iniciativa, Cataluña obtendría un fortísimo dominio sobre el sector energético, y el PP perdería una de las presidencias, la de Endesa, que el anterior Gobierno entregó a sus afines.