El Ayuntamiento de Gijón empezará a reclamar en seis meses informes técnicos a los propietarios de edificios antiguos para que puedan acreditar su buen estado. La revisión que pronto se obligará a pasar a las construcciones más viejas de la ciudad, un instrumento de control recogido en la actual Ley del Suelo del Principado, fue anunciada ayer por la alcaldesa en El Llano.

Paz Fernández Felgueroso, quien se hizo eco de las críticas de los vecinos de Cimadevilla por la falta de vigilancia municipal de sus inmuebles más deteriorados, explicó que las inspecciones se impondrán primero a las edificaciones con más de 75 años. Cuando concluyan esas revisiones se repetirá el mismo procedimiento en las construcciones más jóvenes de Gijón. Todo arrancará, insistió, dentro del primer semestre del año.

Los propietarios estarán obligados a encargar un informe a técnicos independientes y aportarlo al Consistorio en un plazo determinado. Si el requerimiento municipal no tiene efecto positivo y se demuestra que existe alguna deficiencia en el edificio, entonces intervendría el Ayuntamiento. Según aclaró la regidora, en ese caso se aplicaría lo que se denomina «ejecución subsidiaria».

La Concejalía de Urbanismo elaboraría entonces el proyecto necesario para subsanar los desperfectos detectados y luego se lo cobraría al propietario. Será una forma de proceder parecida -explicó Felgueroso- a la actuación municipal con quienes tienen tendales de ropa con vistas a la calle. Si los dueños de las viviendas se niegan a quitarlos, la obra para la supresión nunca la costea el Ayuntamiento.

La alcaldesa aseguró que con el inicio de la Inspección Técnicas de Edificios (ITE) Gijón quiere seguir el ejemplo de ciudades como Madrid, Barcelona, Toledo, Cuenca, Lugo y Málaga. La capital española fue la primera que impuso que sus casas más viejas pasaran una suerte de 'ITV' de los coches, para verificar su buen o mal estado de conservación. Por ese carácter pionero, más de la mitad del fondo inmobiliario madrileño ha pasado ya revista.

«Está vigilante»

Respecto al edificio habitado de Cimadevilla, cuya cubierta se derrumbó parcialmente el pasado lunes, Felgueroso recalcó que «el deber de conservación es de los propietarios». En ello hace hincapié el nuevo PGOU -anotó- con independencia de que el Ayuntamiento tenga interés en comprobar la verdadera situación de las construcciones gijonesas.

En el caso particular del inmueble siniestrado en el barrio alto, subrayó que el origen de la caída parcial de la cubierta fue por un problema de humedades que no se controlaron y pudrieron algunas sujeciones.

La primera edil aseguró que el «Ayuntamiento está vigilante» y preocupado por los problemas de esta índole. Además, señaló que el edificio siniestrado en la calle de Atocha tuvo hace años un requerimiento en relación con cascotes que se desprendían del tejado. «Aquel problema se resolvió, pero luego hay cuestiones que son difíciles de observar desde el Ayuntamiento si no se produce una denuncia de los arrendatarios o se aplican mecanismos de revisión como establece el texto refundido de la Ley del Suelo».

Indicó, por último, que en ciudades con subsuelo complicado y barrios con edificaciones antiguas, como Gijón, «lo más delicado es el derribo y la sustitución de un edificio por otro».