Después de hacerlo la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) y el Grupo Municipal de Izquierda Unida, los socialistas locales añadieron ayer sus protestas a las anteriores por la subida de precios que han pactado las tres empresas distribuidoras de cubos de basura en comunidades de vecinos del concejo.

El concejal del PSOE Gonzalo Olmos sospecha que «es muy posible que nos encontremos ante una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia». Las empresas Cubo Express, Ovicubo y Astur-Cubo han pactado una unificación de tarifas que conllevará incrementos de hasta más del doble de las actuales. La citada ley restringe «todo acuerdo conscientemente paralelo», según cita Olmos, quien entiende el pacto como una distorsión «grave» de la libre competencia.

El concejal se remite a las estimaciones de la Unión de Consumidores, cuyos cálculos cifran en 2,5 millones de euros el volumen de negocio anual por la colocación y retirada de cubos de basura en el municipio. Cree, por tanto, que «el Ayuntamiento debe actuar ante este atropello a los derechos de los ciudadanos», puesto que dispone de «instrumentos para ello».

Solicita en primer lugar al equipo de gobierno local la exigencia de una «rectificación» de «la concertación de criterios y precios». Aparte, el edil considera «perfectamente legitimado» al Consistorio para «presentar una denuncia ante el Servicio de la Defensa de la Competencia, sumándose a la ya presentada por la UCE».

En una moción dirigida al alcalde, Gabino de Lorenzo, el socialista reclama además «la cesación de los efectos del acuerdo de unificación de criterios y tarifas» por la Administración local. Este proceder serviría como «medida cautelar» hasta que el Tribunal de Defensa de la Competencia resolviera sobre la apertura de «un expediente sancionador a las empresas».

El escrito de Olmos le recuerda al PP que los ayuntamientos , «de acuerdo a la legislación vigente», poseen «competencias en materia de protección al consumidor». Esta capacidad les obliga a «velar en todo momento por el respeto a los derechos» de loa ciudadanos afectados por medidas de este carácter en el concejo.