Los vecinos afectados por el cambio de trazado del metrotrén reciben cada nueva incidencia relacionada con las obras como una confirmación de sus tesis. Que el proyecto ferroviario que se desarrolla en el subsuelo de Gijón hubiera requerido estudios exhaustivos de evaluación ambiental, un trámite del quedó exenta la actuación por decisión de dos administraciones distintas, una gobernada por el PP y otra por el PSOE.

Para Roberto Roces, abogado de los vecinos que han recurrido ante la Audiencia Nacional el trazado modificado, «la sucesión de chapuzas pone de manifiesto el desconocimiento del subsuelo de Gijón por parte de los responsables del metrotrén». «Estas catas tenían que haberlas realizado antes de empezar las obras», critica el letrado. Roces informará al juez que tramita el contencioso de todas las fugas e incidencias que se han ido produciendo en la ciudad desde que se reanudaron los trabajos en el mes de noviembre. Se da la circunstancia de que todos estos problemas se han concentrado -a excepción de un brote de espuma en el parque de Cocheras y la rotura de una tubería de gas en la avenida de Pablo Iglesias- en el recorrido modificado por el Ministerio de Fomento.

No obstante, esa información sobre las averías y molestias ciudadanas que genera el proyecto de penetración del ferrocarril en Gijón no tendrá influencia ya sobre el auto que está previsto que el magistrado que lleva la causa notifique esta misma semana. Con él se sabrá si finalmente se aplica o no la suspensión cautelar de los trabajos subterráneos que han solicitado los afectados.

Suspender la obra

Roberto Roces reconoce que no es fácil que prospere esta petición vecinal de suspensión de efectos de la obra. «Para mí las posibilidades de que el juez paralice la excavación del túnel es ahora mismo del 30%, porque estamos hablando de una actuación de 30.000 millones de pesetas y ésta es una lucha como la de David contra Goliath». Con todo, el abogado sí adelanta que los datos sobre los daños que están ocasionando los sondeos del metrotrén quedarán para el periodo probatorio de la causa, cuyo juicio puede tardar unos tres años.

El letrado considera asimismo un «desatino medioambiental» que un decreto de 2002 aprobado en la etapa de Cascos como ministro de Fomento ya previera utilizar la tierra extraída del subsuelo -donde según Roces existe «materia viscosa precursora de petróleo»- para rellenar playas y la obra de ampliación de El Musel.