La Brigada de Extranjería de la Comisaría de Gijón ha desarticulado una importante red de inmigración ilegal que introdujo a decenas de extranjeros en España, posiblemente a unos 30, y al menos desde finales de 2004. La operación se ha saldado con la detención de 13 personas, entre ellas el cerebro de la trama, un funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social en el Principado con residencia en Somió, y su principal colaborador, un industrial cuya empresa, con sede social en La Arena, pero sin actividad, contrataba de forma irregular a trabajadores foráneos.

En noviembre de 2004, la Delegación del Gobierno en Asturias detectó un sospechoso aumento de las solicitudes de estancia temporal y trabajo, sobre todo para empleos muy especializados del sector de la construcción, aunque también, en menor medida, para tareas domésticas. Todos los peticionarios eran ciudadanos de nacionalidad marroquí que aportaban, para justificar su estancia provisional en el país, precontratos de una sociedad afincada en Gijón.

Los hechos se pusieron en conocimiento de la comisaría local y la Brigada de Extranjería abrió una investigación para averiguar si detrás de estas solicitudes de residencia, en apariencia legales, había una red dedicada a explotar a ciudadanos extranjeros y a introducirlos de manera ilegal en España. Las pesquisas pronto comenzaron a dar sus frutos.

Los agentes comprobaron que la empresa de construcción que contrataba a decenas de marroquíes estaba inscrita en el Registro Mercantil y, sin embargo, no realizaba ninguna actividad, es decir, era una sociedad tapadera. Su cuartel de operaciones era un piso vacío del barrio de La Arena.

El siguiente paso de los investigadores fue analizar el resto de los contratos sospechosos, firmados por personas que supuestamente se deberían dedicar a tareas domésticas. Los policías descubrieron que en las casas de los contratadores, todos ellos particulares, no había ningún empleado, como tampoco en las inexistentes instalaciones de la empresa de construcción. En ese sentido, cabe destacar que el jefe de la organización había conseguido un permiso de residencia temporal para tres empleadas de hogar en su propia vivienda.

Amigos y familiares

Los trece detenidos residían en la ciudad. Tenían una relación de amistad y algunos de ellos de parentesco. Las pesquisas de la Brigada de Extranjería permitieron averiguar que el hombre clave de toda la organización era el funcionario de la Tesorería de la Seguridad Social, que trabajaba en Oviedo. R. P. C. se encargó de diseñar una compleja maquinaria legal para obtener «beneficios económicos muy importantes», según informó la Policía. Se sabe que pagaba 1.500 euros a sus colaboradores por cada contrato que hacían a un extranjero. Lo que hasta el momento se desconoce es cuánto cobraba a los marroquíes.

El funcionario mantenía contactos con redes de inmigración ilegal que operan en el Norte de África. Aprovechaba esta relación para localizar a los trabajadores, según consta en los atestados policiales remitidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón. Presentaba las solicitudes de autorización de residencia y trabajo en la oficina única de extranjeros de la Delegación del Gobierno en Asturias. Para ello, utilizaba sus propios datos, los de su familia, sus amigos y los del industrial, que figuraban como contratadores.

Al examinar las solicitudes, la Policía descubrió que en algunas de ellas R. P. C. había llegado a falsear la firma y la declaración de la renta de los supuestos empleadores. La semana pasada, se produjeron las detenciones y los registros de los domicilios de los sospechosos. Las trece personas que configuraban la red ilegal de inmigración fueron trasladadas a los calabozos de la comisaría de Gijón. Algunos de ellos accedieron a prestar declaración en sede policial, aunque el cerebro de la organización se acogió a su derecho de no hacerlo y sólo testificó ante el juez, según pudo saber EL COMERCIO.

En libertad con cargos

El magistrado analizó la abundante documentación aportada por los agentes encargados del caso y escuchó el relato de los hechos de boca de los detenidos. Finalmente, les dejó en libertad con cargos y ordenó la apertura de diligencias de investigación, previas al juicio oral.

Todos los arrestados están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, para el que el Código Penal establece penas que van de los cuatro a los ocho años. Además, el funcionario de la Tesorería tendrá que dar cuenta de otro delito de falsedad documental. Ninguno de ellos tiene antecedentes policiales, al menos por delitos de estas características.