La red de inmigración ilegal desarticulada por la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Gijón que se dedicaba a introducir en España a decenas de extranjeros desde 2004 cobraba un mínimo de 6.000 euros por persona, según pudo confirmar EL COMERCIO. Para ello utilizaban como tapadera una empresa constructora, Cimalga, cuyo domicilio social está en la calle de Ezcurdia, pero que nunca estuvo operativa, según fuentes de la investigación y los empresarios del sector consultados.

La trama fue concebida por Román P. C., un funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social en Asturias, con residencia en Somió, que utilizaba su puesto de trabajo para facilitar la tramitación de los contratos fraudulentos. En esta tarea era apoyado por su cómplice, Marcos A. A. G., también gijonés, que dirigía la inexistente empresa del sector de la construcción encargada de emplear a los trabajadores marroquíes. Cabe destacar, además, que el jefe de la organización, que actualmente trabajaba en Oviedo, desempeñó su cargo durante varios años en las oficinas que la Seguridad Social tiene en Gijón, concretamente en la calle de Premio Real.

Docenas de trámites

Esta red de introducción de inmigrantes de forma ilegal en España levantó las sospechas de los investigadores en noviembre de 2004 y desde entonces, según informaron fuentes policiales, realizó docenas de trámites para traer marroquíes a suelo español. La Policía continúa investigando para saber desde cuándo se lleva desarrollando esta labor delictiva. Los primeros indicios constatan que, al menos, se han registrado una treintena de casos.

Las primeras sospechas comenzaron al detectarse un importante incremento de solicitudes de estancia temporal y trabajo para empleos muy especializados en el sector de la construcción, que presentaban precontratos de la empresa Cimalga. Los agentes pudieron comprobar que esta firma no registraba actividad alguna, a pesar de estar inscrita en el Registro Mercantil. También había contratos firmados por personas que deberían dedicarse a tareas domésticas.

¿Cómo distribuían a los inmigrantes? Los hombres que llegaban procedentes de Marruecos eran supuestamente contratados por la constructora, mientras que a las mujeres se les facilitaba contratos como empleadas de hogar. Los investigadores han encontrado también un segundo delito, ya que el jefe de la trama presentaba declaraciones falsas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para completar la documentación de los contratos de trabajo. Además, según pudo saber EL COMERCIO, Román P. C. había presentado en su declaración de la renta unos ingresos de 21.000 euros, mientras que llegada a pagar préstamos por una cantidad muy superior, que podría superar los 35.000 euros.

Trece detenidos

Junto a los cabecillas, Román P. C. y Marcos A. A. G., fueron detenidas otras once personas, que tienen entre sí relaciones de amistad o parentesco. Todas ellas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de los de Gijón, si bien posteriormente quedaron en libertad con cargos. El juez ordenó la apertura de diligencias de investigación, previas al juicio oral.

Román P. C. abonaba 1.500 euros a sus colaboradores por cada uno de los contratos que se llegaban a formalizar. Este funcionario de la Seguridad Social mantenía contactos con diferentes redes de inmigración ilegal asentadas en el Norte de África, si bien trabajaba únicamente con residentes en Marruecos.

La Policía trata ahora de localizar a los marroquíes que compraron su entrada en España, lo que está resultando difícil ya que ni siquiera los miembros de la red llegaron a ver a estos inmigrantes. Estas pesquisas se están centrando en las grandes ciudades, concretamente donde hay más concentraciones de ciudadanos de esta nacionalidad, ya que es donde estos trabajadores ilegales podrían pasar inadvertidos.

Lo cierto es que si estas personas llegaran a ser localizadas por la Policía perderían su condición de residentes, ya que la actual legislación no da validez a los permisos de estancia temporal en España obtenidos de manera ilegal.