Según los estatutos del Partido Popular, se considera una falta grave el descalificar o hablar mal de un afiliado. Pero Lucía Ezquerra, Emilio Noval, María Luisa Peláez y Vanesa Álvarez defienden que no han incurrido en eso. «No hemos hablado mal de Pilar Fernández Pardo, sino del funcionamiento del partido», defendieron ayer. Los críticos mantienen, por lo tanto, que no existen argumentos para que se les abra expediente, se les pida la dimisión o se les expulse del partido. En cualquier caso, tienen muy claro que no entregarán sus actas como concejales. Si mantienen esa postura tras la posible expulsión, eso supondría su paso al grupo mixto en el Ayuntamiento, lo que dejaría al PP con siete concejales (seis si Ana González se une a los críticos). El nuevo grupo tendría más representantes que Izquierda Unida.

Pero antes de llegar a eso tiene que actuar la Comisión de Derechos y Garantías y los críticos creen que «no es tan fácil» abrirles un expediente. Además, recuerdan que «también Pilar Fernández Pardo habló de sus afiliados». Se refieren a una entrevista publicada por EL COMERCIO en setiembre de 2004 en la que la presidenta aseguró que «no todos mis concejales responden igual. Digamos que hay mitad y mitad».

¿Cuentan con apoyos los cuatro concejales críticos? Ellos explican lo sucedido en la junta local del miércoles, en la que «sin haber hablado con nadie, 40 personas pidieron asistir a la junta como invitados. Se les denegó, alegando que era una reunión cerrada, aunque luego se demostró que sí había tres invitados dentro». Todo ello estará recogido en el acta notarial, procedimiento que se siguió por primera vez en el partido.

En el transcurso de la reunión, aseguran, «se denegó la palabra a una concejala, Ana González, y no se dejó terminar de hablar al anterior secretario general, Ignacio Riestra». Además, Lucía Ezquerra había solicitado que se debatiera su renuncia al sueldo como concejala, anunciada unos días antes en rueda de prensa. Finalmente, este punto no fue incluido en el orden del día.