La junta local del PP pidió el miércoles a Emilio Noval, Lucía Ezquerra, Vanesa Álvarez y María Luisa Peláez que entregaran sus actas de concejales y con esta decisión abrieron un proceso que no tiene antecedentes en el partido. Este acuerdo será ahora comunicado a «los órganos competentes». En principio, a la junta regional. Los cuatro concejales no han accedido a la petición y no están dispuestos a entregar sus actas. Ante su negativa a dimitir, la cuestión pasará ahora a un instructor, no nombrado todavía, que estudiará el expediente y decidirá si se archiva o pasa a manos del Comité de Derechos y Garantías.

Dicho comité ni siquiera está constituido aún, y sólo está nombrado el presidente, Noel Zapico. Una vez en este organismo, se abre un procedimiento en el que se escucharán las explicaciones de ambas partes. Para expulsar a los cuatro ediles del partido antes hay que abrirles un expediente por lo que, según la junta local, es una reiterada falta grave.

¿Qué papel juega la dirección de Madrid? La expulsión sólo puede llegar de la dirección nacional. Por lo tanto, tiene la última palabra, ya que lo máximo que puede aprobar la regional es la apertura del expediente.