El Gobierno dio ayer autorización a la concentración de Gas Natural sobre Endesa, condicionándola a que la sociedad resultante «no supere la actividad mayor de cada una de las dos compañías en ninguna de las actividades que vienen realizando». Una vez reducido el tamaño, «la integración del gas y la electricidad hará posibles eficiencias que ahora no tenemos», explicó el vicepresidente económico Pedro Solbes, que quitó importancia a la recomendación de veto emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Para lograr las ventajas y minimizar los riesgos de la operación se imponen, entre otras medidas, que Gas Natural venda activos de generación equivalentes a 4.300 megavatios -frente a los 3.100 propuestos en el pacto con Iberdrola- y que libere en el mercado mediante subasta una cantidad anual de gas de 1.800 millones de metros cúbicos durante tres años a partir de 2007, así como una reducción de su cuota de mercado en la distribución de gas al 60%.Además, Gas Natural tendrá que deshacerse de 1,5 millones de clientes, para pasar de copar el 80% del mercado al 60%. En principio, el proyecto había cifrado el número de clientes de la nueva empresa en 16 millones.

Aunque Solbes anunció que de la concentración, si tiene éxito, podrían surgir un nuevo operador eléctrico y dos gasistas, el Gabinete dejó intacto el pacto de la gasista con Iberdrola, al no poner condición alguna al adquirente de los activos en venta salvo en el caso de los puntos de venta de gas, donde la eléctrica cumple la condición de «nuevo operador». A Iberdrola se le abren incluso nuevas perspectivas, al igual que a otras compañías, en la subasta de suministros de gas a la que se obliga a la empresa gasista.

El acuerdo Gas Natural-Iberdrola tiene por tanto vía libre, si bien se someterá a las autoridades de la competencia españolas y europeas -por tratarse de un 'jugador supranacional'-, algo que Iberdrola ya había previsto.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, justificó que este pacto «es de naturaleza distinta, y constituye una nueva operación», de ahí la decisión de no considerarlo. Y explicó que la generación de mayor competencia «puede darse por la existencia de nuevos actores o por el fortalecimiento de los ya existentes».

Silencio de HC Energía

Energías de Portugal (EdP) espera «conocer detalles» de la decisión del Gobierno español para después pronunciarse acerca de la autorización de la opa, según dijo ayer un portavoz de la eléctrica, dueña de HC Energía. Preguntado acerca de si EdP estaría interesada en una eventual compra de activos de la empresa española, comentó que «por el momento no deseamos especular acerca de esa hipótesis».

El pasado 8 de setiembre, tres días después de que Gas Natural anunciase la opa sobre Endesa, EdP afirmó en un comunicado que usaría todos los medios a su alcance para impedir tratamientos discriminatorios tras la opa de Gas Natural sobre Endesa. La oferta causó un profundo malestar en Hidrocantábrico, que ayer guardó silencio sobre la decisión del Gobierno.

Por su parte, Gas Natural ha valorado satisfactoriamente la aprobación condicionada del Gobierno y convocado una sesión extraordinaria de su consejo de administración, a celebrar la próxima semana, para analizar las condiciones impuestas, dado que algunas de ellas no forman parte del 'plan de remedios' que acompañó a su propuesta de concentración. Endesa, por su parte, comunicó que piensa recurrir la decisión del Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo.

Solbes explicó, al término de la reunión del Gabinete, que el Gobierno había buscado el adecuado equilibrio entre la libre toma de decisiones empresariales y la protección de la competencia efectiva en los mercados, así como de los intereses de los consumidores.

Minutos antes, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció que el ministerio de Industria había presentado un informe, que se traducirá en próximas semanas en medidas legislativas, sobre una nueva orientación de las políticas energéticas.

Fernández de la Vega justificó la autorización del Gobierno en el «interés de los ciudadanos» que experimentarán «una mejora de la calidad y una reducción de precios» debido a la entrada de nuevas empresas tras las condiciones impuestas a la fusión y por «el interés de España, porque la empresa resultante de la operación estará entre las mayores de Europa».

Frente al TDC

El responsable económico destacó la coincidencia del Gobierno en los diagnósticos formulados por los operadores (excesiva concentración de negocio en unos suministradores, mal funcionamiento del mercado mayorista eléctrico).

Solbes quitó importancia a la divergencia con el Tribunal de Defensa de la Competencia, que aconsejó prohibir la operación. Argumentó que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Gobierno no consideró procedente prohibir esta operación «por cuanto es posible subordinar su autorización a la observancia de ciertas condiciones que garanticen que no se obstaculizará el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados analizados».