Está claro que los cuatro concejales críticos del Partido Popular de Gijón van a seguir adelante con su postura. Ayer, mediante un comunicado, contestaron al presidente regional de la formación, Ovidio Sánchez, quien les había invitado a abandonar el partido si no están conformes con la actual situación. Emilio Noval, Lucía Ezquerra, María Luisa Peláez y Vanesa Álvarez aseguran que «lamentamos que la dirección regional no haya accedido a escucharnos al objeto de conocer las discrepancias que han degenerado en lo que hoy es un problema, a pesar de que se buscó de forma insistente una solución, sin obtener ni siquiera respuesta».

Los cuatro concejales alegan que desde hace meses han remitido a la directiva regional la información sobre todo lo que estaba sucediendo en Gijón. Por eso, ayer se mostraron molestos y censuraron la postura de Ovidio Sánchez: «Las declaraciones de nuestro presidente regional han pasado, en el plazo de dos días, de desconocer el problema a invitarnos a que nos fuéramos, sin ni siquiera darnos la oportunidad de expresarnos». Ellos insisten una y otra vez en que lo único que querían era «diálogo».

Los críticos dicen que estas últimas circunstancias no son hechos aislados, sino que comenzaron «con una serie de discrepancias en el seno del grupo municipal, que tienen como consecuencia la marginación y exclusión de la actividad municipal a las personas discrepantes».

Una larga solución

La solución puede tardar meses en llegar y, cuando lo haga, las elecciones municipales estarían ya muy cerca. Por eso, según ha podido saber EL COMERCIO, miembros de la junta local están pidiendo que se actúe con prontitud, a pesar de que el procedimiento no es sencillo, ya que el Comité de Derechos y Garantías, presidido por Noel Zapico, tiene que escuchar a ambas partes. Mientras, los críticos mantienen que los «términos relativos a disciplina, expediente o sanción son poco acordes con los principios de nuestro partido». Aún así, parece que tanto el expediente como la sanción están asegurados.

Por último, Noval, Ezquerra, Peláez y Álvarez siguen insistiendo en que es cierto que se les acusó de cuestiones como filtrar información al PSOE o llevar a cabo campañas de descrédito contra algunos compañeros. Es más, apelan a la «rotundidad de las pruebas que de ellos tenemos».

Por su parte, Pilar Fernández Pardo mantiene el silencio y espera a que tomen cartas en el asunto los órganos del partido.