Asturias es la segunda comunidad autónoma del país con mayor número de personas dependientes en grado severo. Es decir, aquellos que no tienen autonomía personal para realizar actividades básicas de la vida diaria como alimentarse, asearse o salir a pasear. Según un informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el Principado es, con 30 afectados por cada 1.000 habitantes, la segunda autonomía, tras Extremadura, con mayor tasa de discapacitados totales. La gravedad de la situación en que se encuentra esta región la da la media nacional, cifrada en 23 personas con dependencia en grado severo por cada 1.000 habitantes. En Asturias hay siete más lo que nos sitúa muy lejos de comunidades vecinas como Galicia, donde hay 29 por cada 1.000, y Cantabria, donde sólo hay 24.

De acuerdo a las cifras oficiales, personas en situación de gran discapacidad en Asturias hay 66.438, de las que 50.838 sufren una dependencia severa o total o, lo que es lo mismo, que necesitan de una atención permanente. De ellas, una de cada tres tiene más de 65 años, en una región que, sólo en el último año, ganó más de 2.500 octogenarios, cuadriplicando la tasa de envejecimiento del país.

Pero la región no sólo crece en envejecimiento, sino que el estudio del Imserso, fechado el año pasado, descubre un aumento en los casos de dependencia respecto a los datos recogidos su propio Informe de la Discapacidad en España, realizado en 1999. En aquel momento, las cifras mostraban que en Asturias eran 47.085 las personas que tenían una dependencia en grado severo o total, lo que significa que al cómputo total se han sumado más de 5.000 personas en sólo siete años.

La vivienda no cuenta

Ante esta realidad que muestran los estudios realizados por Madrid, el Principado reconoce que carece de algún informe propio que actualice las cifras recogidas por el Imserso. No obstante, desde la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se cree que no «variarán demasiado» y que la radiografía servirá para que Asturias «se vea muy beneficiada por la Ley de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia».

La ya conocida como la Ley de la Dependencia, cuyo anteproyecto fue aprobado el 25 de diciembre pasado, tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2007 y supone, según sus redactores, la conversión en derecho la asistencia a las personas con dependencia. En ese sentido, Laura González, consejera de Vivienda y Bienestar Social, aseguró a EL COMERCIO que se reconoce «el derecho a tener una asistencia personal y cualificada», por lo que aseguró que el Principado recibirá «la suficiente dotación». No obstante, admitió que en la última reunión sectorial, celebrada el pasado día 18, «no se concretaron dineros».

La ley prevé que el Gobierno central aporte el 50% del total, cifrado en 12.000 millones de euros hasta 2011. También contempla el 'copago' por parte de los usuarios, aunque Asturias, apoyada por Cataluña, ha incluido que la vivienda habitual del beneficiario «sea excluida del baremo para cuantificar si tiene o no que pagar».