TAL vez el asociacionismo sea uno de los rasgos singulares de la idiosincrasia de Asturias, en general, y muy en particular de Gijón. Constituye una prueba de la vitalidad de la llamada sociedad civil y de su espíritu participativo. El resultado de esa forma de conducta se traduce en la formación de entidades de extraordinario arraigo en el medio territorial en que se desenvuelven. El Grupo Covadonga puede ser un ejemplo, porque su existencia supera el ámbito deportivo o de recreo para convertirse en una verdadera seña de identidad ciudadana.

Pero en esa tendencia a corporeizar socialmente la conjunción de intereses, aficiones o simplemente actitudes ante un hecho concreto también abundan los casos de colectivos o coordinadoras cuya representatividad equivale exactamente a la de sus promotores o voceros. No se les conoce domicilio alguno -si lo tienen, propio o compartido, suele depender de subvenciones oficiales- ni hay noticia de su número de socios, la cuantía de las cuotas que pagan y las asambleas para elegir a sus órganos rectores. Son nombres sin nada sólido detrás, salvo el afán de hacer ruido en los medios con la práctica entusiasta de la cultura del fax, el comunicado y las ruedas de prensa. Sólo se representan a sí mismos y todos juntos cabrían en un microbús.

Lo absurdo es que desde los poderes públicos, que sí prueban de manera fehaciente su representatividad en las elecciones, se conceda especial atención a esos irrelevantes núcleos de opinión, instalados a veces en la comodidad de las prejubilaciones casi juveniles, las regulaciones de empleo con complemento o la profesionalización subvencionada, y siempre refractarios a someterse al dictamen de las urnas.