«El estudio lo tendrían que hacer los astilleros para que sepamos de qué realidad estamos hablando». Paz Fernández Felgueroso respondió ayer así a la solicitud planteada el pasado lunes por UGT al Ayuntamiento y al Principado, según publicó EL COMERCIO, para que elaboren un informe sobre la viabilidad de trasladar Naval Gijón de El Natahoyo al superpuerto, ahora en marcha. «Para nosotros, donde están los astilleros están bien», señaló la regidora. «Pero nunca nos vamos a negar a ese debate sobre la ubicación ideal del astillero». Precisó, no obstante, que «debe quedar muy claro que nosotros no lo iniciamos».

La alcaldesa socialista entiende que son los astilleros «los que deben realizar esos estudios» y plantea una cuestión a la reclamación realizada por el sindicato: «¿De qué estamos hablando? ¿De trasladar uno o dos astilleros?». Ponía así sobre la mesa uno de los principales temores de los sindicatos críticos con la propuesta de UGT, Comisiones Obreras y CSI, que aseguran que tras la iniciativa del traslado «se esconde la fusión con Izar o el cierre de Naval Gijón».

De estas cuestiones se desmarcó rápidamente Fernández Felgueroso, quien afirmó que «el Ayuntamiento no tiene interés alguno en ese traslado», porque, insistió, «lo que sí nos interesa es que tengan carga de trabajo y que se resuelva la titularidad de los mismos».

En su opinión, más que el debate sobre el traslado o no de Naval e Izar, lo que debe dilucidarse son «las dudas que todavía puede haber sobre la titularidad de los astilleros y que, si en su momento quieren hacer otra cosa, serán ellos mismos los que tengan que decir: 'Estamos dispuestos a invertir, porque esto cuesta tanto'».

El socio de gobierno, IU-BA, aportó las cifras de esta operación como mayor argumento para oponerse: «El traslado de Naval Gijón a El Musel costaría más de 120 millones de euros (20.000 millones de pesetas)». Así lo aseguró el tercer teniente de alcalde, Jesús Montes Estrada, quien aseguró hablar en nombre de la junta de gobierno: «Hemos dicho ya por activa y por pasiva que lo que interesa es que los astilleros sigan, y que lo hagan los dos. Además, para acabar con especulaciones, en el Plan General de Ordenación Urbana que acabamos de aprobar queda claro que el uso de esos terrenos es industrial y siempre lo será. Aunque algún día no haya astilleros, tendrá que haber una empresa vinculada a la mar. Esos terrenos nunca serán residenciales», sentenció.

100 millones de deuda

Montes no ocultó su disgusto por «un debate estéril, que no conduce a nada, a no ser generar inestabilidad en un sector ya de por sí muy sensible, en permanente reconversión». En cuanto a las opiniones de constructores, arquitectos y vecinos, publicadas por EL COMERCIO, en las que veían «lógico» el traslado, ya que «hay que reordenar la ciudad», anotó que eso «compete al Ayuntamiento y este equipo de gobierno ya ha dejado claro que los astilleros se quedarán donde están».

En la misma línea se manifestó CSI, con gran presencia en la plantilla naval. Cándido Carnero planteó otra duda en nombre del sindicato: «Cómo van a invertir 120 millones de euros en un nuevo astillero si sólo de deuda Naval Gijón ya tiene 100». Además, eleva a 240 millones el coste real de un nuevo astillero y recuerda que «Naval Gijón no tiene nada en propiedad: la mayoría del terreno es de titularidad de la Autoridad Portuaria, salvo 22.000 metros cuadrados que están hipotecados por Pymar».