La Unión de Consumidores ha detectado un aumento de los fraudes relacionados con empresas dedicadas a recurrir multas de tráfico o bien que se hacen pasar por gestores de ingresos de la administración. Las primeras se ponen en contacto con su víctima a través del teléfono y se ofrecen a recurrir la multa que le han impuesto a cambio de una cantidad de dinero que, de no conseguir su cometido, se comprometen a devolver.

Pasado el tiempo, la multa llega con recargo, al haber concluido el plazo legar para presentar las alegaciones. Cuando la víctima trata de ponerse en contacto con la empresa cuyos servicios contrató tiene que hacerlo a través de un número 807, con el consiguiente coste económico que ello supone. Los operadores entretienen a sus interlocutores hasta que éstos se dan por vencidos. El reintegro del dinero que adelantaron para el recurso de la multa nunca se produce.

Otro de los fraudes detectados por la UCE es el protagonizado por empresas que se hacen pasar por responsables de la gestión de ingresos de la administración. Llaman a personas que han sido multadas y les dicen que se encargan de cobrar las sanciones. Días después de que las víctimas hacen el ingreso en un número de cuenta determinado, reciben una carta de una empresa dedicada a recurrir multas cuyos servicios han contratado sin saberlo. De nuevo, las reclamaciones telefónicas a través de un 807 acaban por agotar la paciencia de los consumidores.

La UCE ha detectado varios casos en Asturias en los últimos meses y cree que pueda haber más personas afectadas. Recomienda a las víctimas que denuncien los hechos en la comisaría o el cuartel y que se asesoren sobre sus derechos en el 901 50 10 50.

Más quejas por internet

Por otra parte, la UCE ha lamentado el fuerte incremento que han experimentado en la ciudad las reclamaciones relacionadas con la prestación de servicios de internet. Según aseguró Inés Núñez, asesora jurídica de UCE, en 2005 en Gijón se duplicó el número de quejas, lo que sitúa a los servicios de internet como el tercer sector más 'conflictivo', solo por detrás de la vivienda y la telefonía.

Según Inés Núñez, el principal motivo de protesta son las dificultades que ponen las compañías para darse de baja de sus servicios.