La edil popular acusó hoy al Gobierno regional de escudarse en la Fundación Príncipe de Asturias para que su proyecto de construcción de un centro cultural en Avilés diseñado por Oscar Niemeyer fuese el "mascarón de proa" de un "gran pelotazo urbanístico" en Avilés.

Pérez Espinosa se refirió así a la creación de una sociedad entre el Ayuntamiento de Avilés, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y el Principado para urbanizar medio millón de metros cuadrados en la margen derecha de la ría avilesina, en la misma zona donde se levantará el centro diseñado por Niemeyer.

Tras conocer estas acusaciones, la consejera de Cultura y portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, compareció ante los periodistas para dar lectura a un comunicado suscrito por la el Ejecutivo regional, la SEPI y el Ayuntamiento de Avilés que califica dichas afirmaciones de "calumniosas e inaceptables".

Asimismo subraya que dicho acuerdo se basa en el cumplimiento "estricto" de las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Avilés para dicha zona en lo relativo al desarrollo del suelo de titularidad pública y a las actuaciones previstas en dicho planeamiento urbanístico.

Entre estas actuaciones figuran la supresión de la barrera ferroviaria de la ciudad, la ampliación del puerto y la mejora de los accesos a éste así como al Parque Empresarial Principado de Asturias, iniciativas "que resulta necesario coordinar para su eficaz realización".

Según el Gobierno asturiano, en todos los casos se trata de "proyectos decisivos" para el futuro de Avilés y considera "inadmisible" que desde el Ayuntamiento de Oviedo "se quiera cuestionar la legalidad de unas decisiones tomadas democráticamente por su corporación".

El comunicado añade que la Fundación Príncipe de Asturias y sus máximos responsables, cuya dimisión ha sido demandada por el Ayuntamiento de Oviedo, son ajenos al acuerdo alcanzado por las tres administraciones y considera "totalmente injurioso" el ataque contra el presidente y el director de dicha institución.

Por último, el Gobierno del Principado señala que los términos en que se realizó la comparecencia de la portavoz municipal "obligan, en defensa de la honorabilidad de instituciones y personas afectadas, a encomendar a los servicios jurídicos el inicio de las actuaciones pertinentes para trasladarlas al ámbito judicial".