Tres fiscales y una veintena de policías se presentaron ayer en las oficinas de Andina, la filial de Repsol en la localidad boliviana de Santa Cruz, con el objetivo de detener a los dos máximos responsables de la petrolera en el país, el asturiano Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez.

El intento fue vano, pues los dos directivos no se encontraban en el edificio de la empresa. La compañía, acusada de contrabando de crudo por el Gobierno de Evo Morales, defendió la inocencia de sus representantes y reiteró su intención de que el conflicto abierto en el país suramericano se aclare cuanto antes.

El ministro de Asuntos Exteriores. Miguel Ángel Moratinos, se ha puesto en contacto con el embajador de España en Bolivia, Francisco Montalbán, a quien ha encomendado que realice las gestiones necesarias para resolver la situación.

Una portavoz de Repsol YPF en Santa Cruz evitó comentar los hechos -«no estamos autorizados a explicarlo», dijo-, mientras la central de la empresa en Madrid reconoció el allanamiento de su sede aunque se mostró «a la espera de que se aclaren las circunstancias» que rodearon el registro. La petrolera expresó su sorpresa por la actuación de la Fiscalía, toda vez que se produjo «horas después de que el juez Zenon Rodríguez -encargado del caso-, del Tribunal Décimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, hubiese ordenado la suspensión del proceso por presunto delito de contrabando iniciado por miembros de la fiscalía de la citada ciudad», señaló.

Repsol YPF subrayó su intención de «poder desarrollar en un clima de normalidad» sus actividades en Bolivia y recordó la entrevista mantenida el pasado día 3 entre Evo Morales y el presidente de la compañía, Antonio Brufau.

Entonces, en un comunicado, la petrolera española aludió al «clima de diálogo sincero y constructivo» que rodeó la reunión.

Un encuentro en el que ambas partes limaron asperezas y tras el que el propio Brufau, presidente de Repsol destacó la intención de la empresa de mantener sus inversiones en el país y acatar la resolución que la justicia boliviana dictara sobre el presunto contrabando.

Incluso se mostró dispuesto a doblar las inversiones en la región y renegociar sus concesiones petroleras en el país en base a una nueva Ley de Hidrocarburos, que obliga a la multinacional a compartir con el Estado boliviano sus ganancias. «Repsol YPF ha manifestado a las autoridades (bolivianas) su deseo de que estos hechos se aclaren cuanto antes, así como su voluntad de seguir trabajando en el país, en beneficio de los intereses de la compañía y de la sociedad boliviana, representada por el actual Gobierno», aseguró la petrolera, sorprendida por el allanamiento.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) manifestó su solidaridad con Repsol y destacó «la importancia de la citada empresa, que lleva a cabo desde hace tiempo importantes inversiones, con la consiguiente creación de riqueza y empleo».

La demanda

A mediados del pasado mes de febrero, la Aduana Nacional de Bolivia demandó a la filial en aquel país de Repsol YPF por un delito de contrabando de petróleo. La acusación aseguraba que la empresa había desviado crudo por valor de 7,7 millones de euros entre junio de 2004 y julio de 2005 sin haberlo consignado a las autoridades.

La Fiscalía se hizo cargo de la investigación y dictó una orden de busca y captura contra el presidente de la empresa, Julio Gavito, y el gerente de operaciones, Pedro Sánchez. Una orden que fue anulada días después, tras las gestiones del embajador de España en Bolivia ante las autoridades locales. Entonces, se les citó a declarar ante el juez Zenon.

Según fuentes conocedoras del proceso, aunque el titular del Tribunal Décimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz revocó el miércoles su orden, la restableció a primera hora del jueves.

La defensa de la petrolera Repsol insiste en que «la denuncia de la Aduana no reviste tipicidad ni materia justiciable en lo penal, siendo su naturaleza de carácter meramente administrativo».