SE esperaba ayer a Mariano Rajoy en el Congreso con cierta curiosidad, por si la reciente Convención del PP había modificado mucho, poco, algo o nada el argumentario 'popular' contra el Gobierno socialista. La ocasión se prestaba a un nuevo despliegue de argumentos, una vez que el texto estatutario salido del Parlamento catalán, tras haber sido 'limadas' sus aristas inconstitucionales, se sometía a debate en la Comisión Constitucional. Los pactos sellados en la intimidad de la ponencia han limitado considerablemente las discrepancias entre los partidos proponentes del 'Estatut', que son todos los catalanes menos el PP. Falta aún por resolver si ERC, muy dolida por los acuerdos de Zapatero con CiU, votará a fin de mes a favor del texto ya debatido o se abstendrá. El socialista Pérez Rubalcaba está dando a Carod-Rovira caramelos estatutarios, pero ningún trozo de la tarta.

Rajoy no defraudó a nadie, ni al núcleo 'aznarista' de su partido ni al resto de las fuerzas políticas, que parecen habituadas a oír el discurso tesonero y más o menos apocalíptico del PP. El líder 'popular' aseguró que el texto estatutario sigue siendo inconstitucional, además de ininteligible y malo para los ciudadanos. Y la financiación y otros aspectos del texto parecen reflejar pactos confusos. Pero el tema clave es el término nación. «Este es el tema clave de todo el texto -dijo Rajoy- aquí está la clave de la ruptura con la Constitución de 1978, aquí esta la base de la que parte todo el resto del texto y, por lo tanto, pido que se corrija».

El socialista Pérez Rubalcaba se sintió aludido cuando Rajoy afirmó que «un dirigente socialista no puede dar su apoyo a esto», y en su réplica precisó el portavoz parlamentario del PSOE que «se puede estar de acuerdo o no con esto (el término nación en el preámbulo) y, desde luego el diputado que habla no está de acuerdo con esta definición». Pero, añadió Rubalcaba, «debemos tenerla en consideración y respetarla, porque procede de quien constitucionalmente tiene competencia para proponer».

La constitucionalidad o inconstitucionalidad del 'Estatut' la dictaminará el Tribunal Constitucional, por lo que tanto las calificaciones del PP como las de los partidos proponentes carecen del rigor jurídico suficiente para convertirse en axiomas. Pero, mientras tanto, el enzarzamiento político sigue su curso, y si Rajoy afirmó que «un dirigente socialista no puede dar su apoyo a esto», Rubalcaba respondió diciendo que el PP no va a llegar muy lejos con sus medias verdades, y soltó una frase que merecería alguna glosa especial. Fue esta: «Antes nos mintieron para quedarse y ahora nos mienten para llegar... pero los ciudadanos harán lo mismo que hicieron en su momento: votaron para echarles y no votarán para que vuelvan».

Parece demasiado dura la frase, sobre todo al margen de una campaña electoral. Bien es verdad que el PSOE lleva dos años sufriendo constantes arremetidas 'populares', y no todas ellas fundamentadas en la verdad, pero un debate estatutario no parece el terreno más indicado para liberar de forma tan despiadada una acumulación de agravios. Está ocurriendo, por otra parte, que el PSOE y el Gobierno ven al fin, con un suspiro de alivio, cómo el 'Estatut' está dejando de ser un problema en el que el PP pueda seguir mordiendo. En su intervención de ayer, Rajoy se veía envuelto en las tesis catastrofistas que sobre el Estatuto catalán venían desplegando los 'populares' mientras se abría la evidencia de que el Gobierno, como dijo Rubalcaba, «no está a punto de cerrar España ni de dividirla ni de romperla».