EL mismo día en que se cumplía el 30 aniversario de la muerte de tres trabajadores, por disparos de la policía, en la plaza de la catedral de Vitoria, releía un pequeño texto acerca de la huelga de Bandas, de la que algunos jóvenes de entonces, felices e indocumentados, sacamos interesantes conclusiones.

También, en estos días, nos enteramos, a través de las páginas de EL COMERCIO, de que más de un millón de personas se movilizaron en Francia contra los contratos basura, que como en el resto de Europa o EE UU y, por supuesto, en España, han ido proliferando de tal manera que, por ejemplo, cuando se dan a conocer los datos de población activa, del pasado mes de enero, y se dice que los contratos indefinidos han llegado a un 11% se nos presenta esta cifra como un hecho positivo.

Durante años hemos escuchado a gobiernos y patronal, también a los sindicatos, que las medidas que se iban tomando estaban encaminadas al fomento del empleo, aunque en la práctica fuesen trayendo consigo un tipo de contratación en precario que afecta fundamentalmente a jóvenes y mujeres y se ha ido imponiendo de tal manera que, tras aplicarse a los mayores de 52 años, hoy afecta al conjunto de las personas asalariadas y no resulta difícil pensar que en un futuro bastante próximo sólo uno de cada dos contratos será indefinido.

Cómo se ha llegado hasta aquí no parece una pregunta improcedente, desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 se han ido ratificando, en el ámbito laboral, una serie de medidas que, presentadas siempre como las únicas posibles, se ha demostrado que todas y cada una de ellas han perjudicado decisivamente a la clase obrera (aunque quizás haya que hablar de empleados, ya que a los nuevos creadores de opinión no les gusta hablar de clases)

En estos momentos ya nadie se sorprende si una empresa adjudicataria de una obra subcontrata a otra, que a la vez subcontrata y así hasta llegar al último eslabón de la cadena, constituido por un grupo de trabajadores que, en las peores condiciones de capacitación, de medios y de salarios, debe entregar la obra en las condiciones pactadas entre el contratador, muchas veces la propia Administración, y la primera empresa.

A palabras como reconversión o reindustrialización han seguido otras como flexibilidad o deslocalización, que únicamente significan medidas cada vez más restrictivas y ante las que ni los sindicatos, que, cada vez más lejos de ser un instrumento en manos de los trabajadores, se han ido convirtiendo en un fin en sí mismos, ni el conjunto de la sociedad están siendo capaces de reconducir lo que nos está llevando a todos a la hecatombe. Esperemos que así no sea.