Los tribunales han comenzado a extender la 'doctrina Parot' a unos 700 presos comunes con múltiples condenas, que verán alargada su estancia en prisión hasta en diez años. Jueces y fiscales no tienen duda de que el fallo del alto tribunal para lograr que los etarras más sanguinarios cumplan el máximo de 30 años de condena obligará también a revisar el cálculo de los beneficios penitenciarios de estos centenares de internos, muchos de ellos cerca de volver a la calle o disfrutaban de permisos de salida.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dio anteayer la voz de alarma en el Congreso: la 'doctrina Parot' va a causar «algunas dificultades». Instituciones Penitenciarias ya sabe cuál va a ser ese problema y también su dimensión porque ha comenzado a revisar de oficio los expedientes de todos los internos condenados por el Código Penal de 1973 para notificar a los tribunales sentenciadores su situación.