De nuevo, el Pleno de ayer dedicó una parte del debate a la eliminación de la barrera ferroviaria y el proyecto para urbanizar el suelo liberado. La portavoz del grupo municipal del PP, Pilar Fernández Pardo, había presentado una pregunta para saber por qué el equipo de gobierno había apoyado el proyecto de Jerónimo Junquera. Eso derivó en un enfrentamiento entre Pardo y la alcaldesa por los límites del soterramiento y por la ubicación definitiva de la estación intermodal.

A juicio de Pardo, la terminal estará en Moreda porque «el Principado está intentando ahorrarse unos cuantos millones, y por eso no la hace ni soterrada ni en sandwich, tal y como habíamos acordado». Además, la portavoz popular considera que «se mantiene la división de Gijón».

En ese momento, Felgueroso sacó las propuestas que habían realizado los populares cuando comenzó el debate, en las que apostaban por la estación intermodal donde se ubica la actual Jovellanos, y soterrar las vías entre dicha estación y la del Humedal. La alcaldesa reprochó la actitud de Pardo y le recriminó que «a usted no le gusta esta ciudad y por eso no le gusta nada de lo que se hace».

El segundo enfrentamiento de la mañana lo protagonizaron Juan Carlos Santos (PP) y José María Pérez (PSOE) por el plan para la televisión digital local. Santos pidió que la cadena «no se convierta en una Gaceta propagandística». Y aprovechó la ocasión para mostrar su apoyo a los trabajadores del centro territorial de Televisión Española y RNE, ante la posible reducción de sus servicios en la región. José María Pérez acusó de «cínico» al PP, porque «este Pleno ya mostró su apoyo a los trabajadores hace tres años, cuando gobernaba su partido, y ustedes no dijeron nada». En cuanto al proyecto para la televisión digital, el concejal aseguró que se ha presentado ante el Principado la documentación requerida.

Indemnización

Por otro lado, la edil Lucía Ezquerra explicó ayer que el Ayuntamiento deberá pagar una indemnización de 2.700 euros más intereses al propietario de un comercio de la calle de Casimiro Velasco por la inundación del local que tuvo lugar en agosto de 2003. Un juzgado ha determinado que el incidente se produjo porque el alcantarillado no poseía las dimensiones y capacidad suficiente para soportar el agua vertida por los desagües del edificio. Esta sentencia se suma a otras anteriores de similares características, con pagos de hasta 23.000 euros.