DESDE nuestro punto de vista una televisión pública no debe sostenerse en la privatización de dos tercios de su producción. Este no es nuestro modelo y así lo plantearemos en los órganos pertinentes y en futuras citas electorales. Más allá de la necesaria discusión sobre qué empresas privadas han de proporcionar el imprescindible apoyo a la producción de una televisión y radio públicas, no cabe en nuestra concepción política que tantos recursos públicos se canalicen a través de intereses privados. Existen riesgos en este planteamiento como, por ejemplo, la limitación de la capacidad para generar empleo público y la precarización del empleo. También la opacidad en la gestión del dinero de todos. En la empresa privada desaparecen, lógicamente, todas las garantías y controles que un medio público de información ha de ser especialmente cuidadoso en mantener.

Se podrán argüir todo tipo de razones técnicas, muchas de las cuales habrán de ser tenidas en cuenta, para justificar la necesidad de que la televisión cuente con la apoyatura de una estructura privada. Sin embargo, la especial naturaleza del servicio público que es el Ente de Comunicación hace necesario no dar prioridad a los criterios puramente mercantiles sobre las necesarias garantías de transparencia y sobre el control social y ciudadano. Habrá de encontrarse una solución equilibrada que, desde luego, no parece que sea la privatización de dos tercios de la programación. Que esta sea la tendencia de muchas televisiones autonómicas en una época de desmantelamiento de lo público, de retroceso de los derechos laborales y de grandes operaciones lucrativas del sector privado, conseguidas a través de la privatización del dinero de todos los ciudadanos, no es un argumento político suficientemente sólido, al menos a nosotros no nos lo parece.

Si la televisión necesita más tiempo para fortalecer su propia estructura, si necesita unos ritmos mucho más dilatados para desarrollar sus medios y para estudiar con detenimiento qué cosas puede hacer y cuales necesitan de asistencia privada, démosle ese tiempo para que ese estudio sea lo más riguroso y transparente posible. Izquierda Unida-Bloque por Asturies no tiene ninguna prisa por empezar a emitir, y menos al precio que sea, dicho esto en sentido estrictamente literal. Más sosiego y más transparencia para tener una televisión de todos y que no genere ninguna sombra de duda.

Sobre la cuestión de qué productoras han de gestionar dinero público, la respuesta está fijada en nuestros compromisos políticos: la empresa pública Televisión del Principado de Asturias (TPA) ha de fortalecer el tejido empresarial asturiano del sector. Eso requiere el tiempo necesario para abordar y discutir con las empresas asturianas un plan de desarrollo estratégico que ha de ser públicamente justificado. Ahora el sector se halla inmerso en un mar de rumores que no favorecen la buena imagen de nuestra televisión y que hay que atajar desde la total transparencia. La opacidad en los criterios de adjudicación de contratos puede acabar convirtiéndose en un medio de control, chantaje y presión del aparato político de turno hacia las empresas de comunicación y producción y hacia sus trabajadores. No hay que olvidar que aunque los gestores de hoy tengan la mejor de las voluntades, mañana pueden venir otros que perviertan o usen el sistema que ahora se establezca para favorecer a sus afines, a sus propios intereses o para sacar el mayor beneficio posible a costa de, entre otras cosas, la explotación laboral. Para evitar degeneraciones futuras del sistema sólo existe una fórmula, un fuerte control público y social. No parece que estemos empezando con buen pie.

Dadas las recientes polémicas sobre el acceso a la TPA y para ir superándolas y ganando prestigio para la entidad, es necesaria mucha claridad en los criterios que se utilicen para nombrar los cargos intermedios que aún quedan por cubrir. No puede haber sombra de duda sobre que la idoneidad profesional de las personas que allí se destinen será el único factor a tener en cuenta. Para evitar debates desagradables e incluso acusaciones injustas sobre profesionales que no las merecen, esos nombramientos han de ser serenamente discutidos y explicados.

Es de sobra conocida nuestra posición con respecto a la presencia de la llingua asturiana para que la TPA, su radio y su periódico sean, como es lo lógico en un servicio público asturiano, uno de los principales medios de su difusión y normalización. Hemos tenido ocasión de señalar muchas veces que no se entendería el esfuerzo presupuestario y, ¿por qué no decirlo?, político, que ha supuesto su creación sin que ese sea uno de sus objetivos fundamentales. Renunciar al mismo sería renunciar a una de las razones fundamentales que justifican la puesta en marcha de un Ente Público de Comunicación en nuestra comunidad autónoma. Y en este asunto las cosas tampoco van bien. Así mismo es conocida nuestra postura sobre el uso limitado de la publicidad para no competir deslealmente con otras empresas asturianas que ya generan actividad económica y puestos de trabajo y que ha de ser la adecuada a una televisión no generalista.

En definitiva, para Izquierda Unida - Bloque por Asturies el Ente Público de Comunicación no consiste simplemente en una radio, un periódico y una televisión. Antes de todo es un servicio público destinado a cumplir unos determinados fines socialmente valiosos y, por lo tanto, todos los criterios técnicos quedan tamizados por esa esencial naturaleza y a ella habrá que adecuarlos. Si de este planteamiento resulta la necesidad de más recursos habrá que explicarlo a la sociedad asturiana y demostrar que los beneficios son mayores que los costes, que es una buena y necesaria inversión que genera actividad empresarial, empleo de alta calidad, y que estamos ante un instrumento de cohesión social y territorial de Asturias. Es decir, los responsables públicos tendremos que demostrar que genera riqueza cultural y económica. Pretender que la TPA sea una televisión más, que se somete al mercado sin pretender incidir en él, reproduciendo y magnificando todos sus vicios es, para Asturias, caro, innecesario y estéril. Se estaría abriendo la posibilidad a que la TPA se pudiera convertir en un medio de control político, de propaganda y de transferencia de recursos públicos a determinadas manos privadas. Y en ese modelo nosotros no estamos.