La Sección Tercera de la Audiencia Provincial acogió ayer la primera de las tres vistas previstas en el juicio contra cuatro abogados por presunta desobediencia y malversación o prevaricación cuando actuaron como síndicos y como comisario de la quiebra de Chocolates Asturianos (La Cibeles) hace ahora casi 12 años.

Las acusaciones, tantas como imputados y que representan tanto a trabajadores de la planta asturiana como a empleados de la entonces matriz de Navarra, pedirán penas que oscilan entre los cuatro años y ocho meses de cárcel, y los seis años y ocho meses. De la pena solicitada, la mayor parte corresponde a la presunta comisión de un delito de apropiación indebida o malversación (4 o 6 años) y el resto, a la posible desobediencia.

Según la acusación particular, tanto el comisario -Agustín S. R.-, como los síndicos de la quiebra -Ignacio A. F., Juan Carlos G. G., José O. L- desobedecieron «resoluciones judiciales firmes», que les obligaban a devolver las cantidades pagadas y percibidas durante la liquidación de la sociedad. Los demandantes les acusan de haber malversado una cuantía que varía según las fuentes entre los 65 y los 120 millones de pesetas de la masa de la quiebra.

«Aberración»

Para la defensa, la tipificación que hacen las acusaciones y el Ministerio Fiscal de los presuntos ilícitos es «una aberración jurídica». Sostiene que el caso «es más propio de la jurisdicción civil que penal», y tratará de demostrar que «pueden ser discutibles aspectos técnicos de la gestión de la quiebra, pero que no hay delito alguno, dolo».

Y es que el juicio tiene una cara muy técnica, en la que se acumulan complejidades mercantiles -créditos prededucibles, concursales y postconcursales-, que requieren conocimientos jurídicos para ser entendidas. Otra parte del interés del caso se verá hoy con la declaración de los testigos, entre los que figura el decano del Colegio de Abogados, Pedro Hontañón, y el letrado Ramón Mijares. Ayer prestaron testimonio los cuatro imputados, aunque dos de ellos -el comisario de la quiebra y uno de los síndicos, I. A. F.- se negaron a contestar a las preguntas de las acusaciones.

Éstas sostienen que los gestores de la quiebra hicieron un uso indebido de los escasos activos de La Cibeles, entre los que figuraron pagos millonarios (en pesetas de 1995) a los abogados de la sindicatura y de los trabajadores, además de sus propios honorarios.