El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de la nueva ley de carreteras del Principado, normativa que, según el Ejecutivo regional, da prioridad a la seguridad vial y que se amolda a las especificidades orográficas, territoriales y medioambientales asturianas. De ese modo se pretende superar la normativa actual, vigente desde hace veinte años, y que no tiene en cuenta «los más singulares requerimientos del territorio autonómico, tales como la regulación de las áreas de influencia y las líneas límite de edificación».

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado, Francisco González Buendía, señaló al término del Consejo de Gobierno que se trata de una ley, «muy técnica, pero muy importante porque por primera vez se contempla la realidad del territorio asturiano».

Según Buendía, la actual ley de carreteras se apoya en «la legislación castellana aprobada en la era predemocrática, en 1974, y que resultaba inadecuada porque no se tenían en cuenta las singularidades de la región».

Red diversa

Uno de los puntos en los que más incide la norma es en la seguridad vial. Así, recoge la necesidad de estudiar caso por caso cada expediente de autorización para la construcción de una carretera «de forma que la seguridad vial pasa a presidir los criterios para su resolución». Según el Principado, «este aspecto es muy importante teniendo en cuenta la red viaria sinuosa, a la vez que funcional y geográficamente tan diversa como la asturiana».

También se refiere la ley a la edificación en los tramos de carreteras que discurren por núcleos rurales en suelo no urbanizable, así como en aquellos que discurren por zonas urbanas y en las variantes o carreteras de circunvalación. Porque la norma será aplicable no sólo a la red viaria regional, sino también a la local.

En este sentido también se hace especial referencia a la necesidad de coordinación entre la planificación viaria y la ordenación territorial. Así, la ley regula la competencia para el otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades en las zonas de dominio público.

Una de las grandes novedades es el establecimiento de un canon que los particulares deberán pagar al Principado por el uso del dominio público vinculado a las carreteras. Además, se regula la publicidad y la señalización informativa en las vías regionales.

Según González Buendía, el objetivo final es conseguir una «ordenación completa, coherente y puesta al día, objetivo sensiblemente más ambicioso que la mera modificación de Ley hasta ahora vigente».

El titular de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras señaló que la nueva norma nace con el consenso de la Federación Asturiana de Concejos y se mostró convencido de que en su tramitación parlamentaria no surgirán problemas.