Si las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud son veraces, Dominique de Villepin piensa en presentar su dimisión como jefe del Gobierno de Francia. El primer ministro dijo ayer en la sesión de control parlamentario que, en la crisis abierta por el contrato juvenil, hay que «esperar a que el Consejo Constitucional presente su dimisión». «Decisión», rectificó instantes después entre la hilaridad de la oposición de izquierdas y la consternación de la mayoría gubernamental de centro-derecha.

El lapsus puede ser revelador de las secretas intenciones de 'El empecinado de Matignon', enrocado en sus trece de mantener contra vientos contestatarios y mareas callejeras el polémico Contrato Primer Empleo (CPE). Ante todo, es seguro síntoma del cansancio y el desgaste del jefe del Gobierno, más aislado que nunca y criticado por amplios sectores de su propio campo cuando acaba de cumplir 300 días de mandato. «Nadie puede dudar de mi voluntad de restablecer el diálogo», dijo también ante el hemiciclo. Sin ser un lapsus, la frase es reveladora de su autismo político.

Las doce organizaciones sindicales y estudiantiles promotoras de las protestas contra el plan de empleo juvenil convocaron ayer una nueva jornada nacional de manifestaciones, huelgas y paros laborales para el próximo martes. Es un grado más en el pulso lanzado al Gobierno y un reto particular para superar la movilización de esta semana cuando entre un millón y tres millones de manifestantes gritaron su descontento en las calles, el mayor clamor antigubernamental de los últimos treinta años en Francia, país plusmarquista mundial en la materia.

Sindicatos, estudiantes, oposición de izquierdas, centristas y no pocos conservadores... todos miran hacia el palacio del Elíseo. El arbitraje presidencial se perfila como la panacea para desbloquear la situación entre unos agentes sociales que exigen la retirada del CPE para negociar y un Villepin que se niega en redondo. Jacques Chirac se va a dirigir «próximamente» a los franceses, anunció uno de sus portavoces.

Recurso

El Consejo Constitucional, en efecto, va a presentar hoy su decisión, que no su dimisión. Será el dictamen al recurso intentado por los recursos por vulneración de las reglas nacionales, europeas e internacionales. El CPE legaliza el despido injustificado de los principiantes, algo que choca con códigos y tratados según los recurrentes. Si el fallo es denegatorio, como prevén los especialistas, Chirac dispondrá de diez días para promulgar la ley. Ese plazo permitiría entablar una concertación con los diferentes interlocutores sociales.

Es la solución preconizada por Nicolas Sarkozy, ministro del Interior y presidente de la UMP, el partido gobernante. Según Patrick Devedjan, su consejero político, «el 90% del grupo parlamentario de la UMP se ha pronunciado en favor de la suspensión del CPE y de una negociación». Para Chirac la puerta de salida es estrecha. Agarrar la percha que le tiende su rival doméstico valdría para desactivar la crisis. Pero sería un inmenso desaire para Villepin, el del lapsus. Y si dimite, ¿a quién coloca para salvar la herencia en las presidenciales de 2007?