La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y otras 19 personas fueron detenidas ayer por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el transcurso de una amplia operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de la localidad malagueña. La denominada 'operación Malaya', dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y la Fiscalía Anticorrupción, y a la que ayer se sumó la Agencia Tributaria, arrancó en noviembre a raíz de las escuchas telefónicas del 'caso Ballena Blanca' contra el blanqueo de capitales del narcotráfico.

Hasta ahora, las autoridades judiciales han bloqueado mil cuentas corrientes y ordenado una veintena de registros. Junto a la alcaldesa fueron detenidos el concejal de Transportes, Victoriano Rodríguez Martínez, y el de Cultura, José Antonio Jaén Polonio; el asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca; el secretario municipal, Leopoldo Barrantes, y otras 14 personas, seis de ellas en despachos de abogados de Madrid, donde se registraron las dependencias de un gabinete jurídico que podría amparar a supuestos testaferros de Roca en operaciones urbanísticas sospechosas. La investigación judicial tiene ramificaciones, además, en Murcia y Huelva. Y no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.

Las primeras pistas surgieron merced a unas escuchas telefónicas autorizadas por el juez Miguel Ángel Torres para desarticular la mayor red de blanqueo de dinero del narcotráfico que actuaba en España. Algunas de las conversaciones grabadas por la Policía pusieron sobre aviso a los investigadores sobre la existencia de un complejo entramado societario que podría ocultar numerosas actividades delictivas. 150 policías judiciales y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) realizaron una quincena de registros desde las nueve de la mañana en el propio Ayuntamiento marbellí -que fue desalojado- y en otras dependencias municipales, como la Sociedad de Planeamiento Urbanístico, así como en los domicilios particulares de Yagüe y Roca. Además, agentes de la jefatura local se presentaron en el despacho del superintendente de la Policía Local, Rafael del Pozo.

En el chalé 'La Madrugada', propiedad de la alcaldesa, los agentes intervinieron una mochila, dos torres de ordenador precintadas y dos vehículos. Más de una veintena de agentes de uniforme y de paisano entraron en la vivienda de la primer edil marbellí para iniciar el registro. Antes, hicieron salir del edificio a los operarios que estaban realizando reformas en la casa.

Sin competencias

Las investigaciones revelan la participación de numerosas personas en delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas. La operación desatada ayer no guarda relación con la querella que Anticorrupción presentó en septiembre de 2005, en la que acusaba de prevaricación a la propia alcaldesa y a su teniente de alcalde por una permuta de áticos a espaldas del Consistorio y sin respetar el procedimiento administrativo común.

La gestión urbanística de Marbella estaba siendo vigilada muy de cerca por la Junta de Andalucía tras los escándalos de especulación que llevaron a los tribunales a los dos antecesores de Yagüe: Julián Muñoz y Jesús Gil. Hace cuatro meses, el presidente Manuel Chaves ordenó la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento, medida que entró en vigor el 12 de diciembre de 2005. Fue la primera actuación de la nueva Ley de Vivienda y Suelo del Gobierno andaluz, que faculta a los ejecutivos regionales a quitar las competencias a los ayuntamientos que vulneren la legalidad en materia de ordenación y planeamiento de suelo.

A este respecto, los informes realizados por los técnicos de la Dirección General de Inspección, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo y de la Secretaría General de Ordenación del Territorio proponían la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella por cinco años, el tiempo máximo que prevé la Ley. La consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta, Concepción Gutiérrez, aseguró que se están revisando una a una todas las licencias urbanísticas otorgadas por el Ayuntamiento y que se está pidiendo la suspensión cautelar de esas licencias en caso de que no cumplan la legalidad.

A Yagüe -que tiene pendientes otras diez causas por distintos delitos- le sustituye en funciones al frente de la alcaldía Tomás Reñones, el que fuera capitán del Atlético de Madrid en tiempos de Jesús Gil y actualmente segundo teniente de alcalde, ya que Isabel García Marcos, que le antecede en el escalafón municipal, está de luna de miel.

Las reacciones no se han hecho esperar. El Partido Popular por boca de su presidente en Andalucía, Javier Arenas, e Izquierda Unida han pedido la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de elecciones municipales por una situación que el Partido Andalucista considera «insostenible». De la misma opinión eran los vecinos que ayer se agolpaban frente al Consistorio, para quienes lo ocurrido en su municipio es un «escándalo mundial». La trama destapada también ha golpeado a los empresarios turísticos de la Costa del Sol, que coinciden en señalar que el escándalo dañará la imagen del sector.