El Ministerio Fiscal, las cuatro acusaciones particulares y los abogados de los cuatro imputados por presunta malversación o apropiación indebida y desobediencia en la quiebra de Chocolates La Cibeles presentarán hoy sus conclusiones tras dos días de juicio en la Sala Tercera de la Audiencia Provincial.

Ayer fueron llamados a declarar ocho testigos en la vista. Desde trabajadores de la sociedad hasta el procurador del abogado de la sindicatura que dirigió la quiebra, pasando por el actual decano del colegio de abogados, Pedro Hontañón.

Según la versión de varios testigos, fue en el despacho de este letrado donde José O. L., directivo de la fábrica y ahora uno de los imputados por su papel en la sindicatura, y otros responsables de la factoría habrían optado por quebrar la empresa y buscar la entrada de otra del mismo sector.

Por su parte, el procurador del abogado de la sindicatura, José María Secades, dijo no recordar si notificó a los síndicos los seis exhortos de un juzgado de Navarra en los que se ordenaba paralizar los pagos. Sí lo hizo, afirmó, con el letrado Ramón Fernández Mijares.

La defensa pasó por alto los detalles no concernientes a los intereses de sus clientes -si estos malversaron o se apropiaron de fondos de la quiebra- y puso de manifiesto la existencia de incongruencias en el escrito de acusación de una de las querellantes que ayer prestó declaración como testigo, cuya aclaración exigió también el presidente de la sala reiteradamente.

Las acusaciones y la Fiscalía solicitan tanto para el comisario -Agustín S. R.-, como los síndicos de la quiebra -Ignacio A. F., Juan Carlos G. G. y el citado José O. L- penas que oscilan entre los cuatro años y ocho meses y los seis años y ocho meses de cárcel, más otros diez de inhabilitación.