El fiscal general del Estado dijo ayer en el Congreso que Batasuna podría volver a ser una formación legal siempre y cuando «aceptara las reglas del juego» democrático, porque así lo avala la Ley de Partidos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Constitucional. En una intervención en la comisión de Justicia plagada de referencias a la tregua de ETA y de ataques del PP, Cándido Conde-Pumpido aseguró, no obstante, que el Ministerio Público perseguirá con «rigor» al grupo independentista vasco en tanto el Parlamento no cambie la legislación vigente.

El máximo responsable de la Fiscalía recordó a los diputados que «la verdadera grandeza del Estado de Derecho reside en que es capaz de asimilar la opinión y la participación de todos, incluso de los que niegan su esencia, siempre que los instrumentos que empleen se acomoden a los cauces democráticos». Insistió también en que la propia Ley de Partidos y la jurisprudencia de los dos altos tribunales son las que prohíben la «exclusión individual o colectiva» de las personas o partidos que «acepten las reglas del juego», con independencia de que «nos gusten o no sus ideas y sus proyectos».

Conde-Pumpido, en clara referencia al alto el fuego de ETA y a las expectativas generadas por la tregua, dijo «esperar» una «realidad nueva y distinta a la que aplicar la ley». «En el Ministerio Fiscal, como creo que ocurre hoy en las conciencias de la gran mayoría de los españoles, albergamos esa esperanza», explicó el compareciente, aunque dejó claro que la actuación de su departamento sólo dependerá de las normas que manen del Parlamento.

Sin cambio de criterio

El fiscal general subrayó, sin embargo, que el Ministerio Público perseguirá a Batasuna y a sus herederas mientras no cambie la legislación o la coalición comience a respetar las normas democráticas. «No está previsto ningún cambio de criterio del fiscal en la aplicación de la ley en cuanto a la actividad de los partidos ilegalizados», aseguró tajante.

«Si la ley y la jurisprudencia tienen como objetivo excluir de la vida jurídica, política y social a aquellos partidos u organizaciones que no aceptan las reglas del juego democrático y amparan la violencia, la Fiscalía seguirá actuando con rigor», garantizó.

El PP advirtió por su parte de que la decisión de la Fiscalía de solicitar tan solo prisión eludible bajo fianza para Arnaldo Otegi es «el peor camino para recuperar la relación de confianza» de Mariano Rajoy con José Luis Rodríguez Zapatero. El secretario ejecutivo de Seguridad y Justicia, Ignacio Astarloa, personalizó sus críticas en Cándido Conde-Pumpido pero apeló también a la «responsabilidad» del Gobierno.

Apuntó así que el cambio de criterio del Fiscal General del Estado -que había anunciado que reclamaría prisión para el dirigente batasuno- contraviene los principios hablados por el jefe del Ejecutivo y el presidente del PP el pasado martes. En concreto, el de que el «Estado de Derecho no está en tregua». «No imaginamos un peor comienzo para el proceso que nace de la conversación que el otro día se produjo», subrayó. «A partir de ahí, que cada quién asuma las responsabilidades que le corresponden».