LA situación judicial del dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, se ha convertido en el primer test sobre la nueva situación creada tras el alto el fuego permanente de ETA. El dirigente abertzale había ido aplazando su comparencia en la Audiencia Nacional, alegando que padecía neumonía, lo que originó más de un comentario irónico sobre su salud; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que el Ministerio Fiscal solicitaría el ingreso en prisión de Otegi, valoración que fue criticada por el lendakari Juan José Iberretxe al decir que sería un contrasentido encarcelar a un interlocutor del Gobierno en las conversaciones sobre el fin de la violencia. En medio de ese cruce de opiniones se produjo el comunicado de ETA y un sector de la clase política empezó a mirar con recelo las decisiones del juez Fernando Grande-Marlaska que le toca decidir sobre Otegi. En realidad, las actuaciones del citado juez empezaron a interferir en el proceso político cuando prohibió la asamblea de Batasuna en Baracaldo, el pasado día 9 de marzo, que se había presentado como un acto de fuerza para presionar sobre su legalización. Gran parte de la opinión pública recibió con satisfacción el papel beligerante jugado por el citado juez con el mundo radical vasco.

En una democracia, como la española, hay una separación de poderes, y el Ejecutivo no puede inmiscuirse en las actuaciones de los jueces, que son independientes por definición. Desde Zapatero hasta Felipe González, diversos dirigentes políticos han recordado este funcionamiento de los poderes del Estado tras la declaración de ETA. No obstante, en el debate público también abunda el mensaje de que los jueces sabrán entender los condicionantes de la negociación con la banda terrorista y adecuarán a ese marco general sus decisiones. Por eso la atención se volcó en Otegi cuando se acercó a las puertas de la Audiencia Nacional con el puño en alto.

Algo ha cambiado, ya que el fiscal no ha pedido el encarcelamiento incondicional de Otegi, como había anunciado, sino que se ha conformado con elevar en 100.000 euros su fianza para poder evitar la prisión. Al final, el juez Grande-Marlaska ha fijado la fianza en 250.000 euros y Otegi podrá dormir en su casa. Todos toman nota del alto el fuego.