«Se acabó lo de tener un puesto de trabajo para toda la vida, se desempeñe como se desempeñe». Así de tajante anunció ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, una de las líneas del anteproyecto del Estatuto del Empleado público. A partir de ahora, los funcionarios podrán ser cesados de su puesto y derivados a otro si no hacen bien su trabajo. La continuidad se vinculará a los resultados. El nuevo texto incluye también la obligación a los ayuntamientos para reducir en dos años su temporalidad laboral y bajarla del 30 al 10%. La norma, es un mandato constitucional, que el Gobierno piensa sacar adelante este año, pero para ello tendrá que abrir negociaciones con la casi totalidad de los grupos parlamentarios, puesto que el actual texto sólo satisface al socialista.

Tras su comparecencia, el ministro recordó que el Estatuto no introduce el despido entre los funcionarios, pero sí apuesta por evaluaciones periódicas de la actividad desarrollada, y, ante varios resultados negativos, el empleado cambiará de puesto. Esta medida ya fue adelantada, hace casi un año, por el propio Sevilla, cuando su Departamento dio a conocer las conclusiones del grupo de expertos que realizó un informe previo sobre los ejes del Estatuto.

«El régimen sancionador por el que el funcionario tendrá que abandonar su empleo continuará como hasta ahora», insistió ayer. Ante la pregunta de cómo será ese control, contestó que el Estatuto se limita a establecer principios «que habrá que desarrollar reglamentariamente».

De la evaluación mencionada dependerán dos cosas. «Por un lado, la retribución vinculada a la productividad y, por otro, la permanencia en el cargo. Si los resultados del análisis son reiteradamente negativos podrán conllevar la separación de ese puesto», advirtió el titular de Administración Pública, que resaltó que los funcionarios son trabajadores que han logrado un empleo a través de una oposición, lo que supone un derecho adquirido, pero esto no debe entenderse como la permanencia en «un puesto concreto» para el resto de su vida laboral. «El Estatuto introduce la cultura de la eficiencia y de la valoración en el desempeño de la actividad. Es un cambio muy importante», añadió.

Obligado cumplimiento

Fuentes próximas al Ministerio explicaron que en la actualidad la Administración Central y las comunidades mantienen el compromiso de reducir la temporalidad laboral por debajo del 10%, según acordaron los representantes territoriales y del Ministerio en una reunión celebrada en Murcia.

La medida se incorporó después al acuerdo suscrito entre la Administración Central, CC OO, UGT y CSI-CSIF.

Los mismos portavoces matizaron que ahora bajar la temporalidad no pasa de ser una recomendación. Con el Estatuto la reducción será de obligado cumplimiento, a la vez que se extenderá a los ayuntamientos. En estos ámbitos, los contratos con fecha de caducidad llegan al 30%.

La intervención de Sevilla tuvo lugar en la comisión de Administraciones Públicas. Los representantes de ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), CiU (Convergencia i Unió), e IU-ICV (Izquierda Unida- Los verdes) se mostraron partidarios del Estatuto pero reclamaron negociaciones para introducir cambios en el texto que baraja el Gobierno. Incluso, Jordi Jané, de CiU, amenazó con presentar una enmienda a la totalidad, cuando el futuro Estatuto inicie su tramitación parlamentaria, si las conversaciones con el Ejecutivo no resultan satisfactorias para su grupo.

«Viciado de origen»

Más duras fueron las criticas del PP. Su portavoz, Francisco Villar, aseguró que se trata de un documento que «nace viciado de origen». Vinculó el proyecto de Administraciones Públicas al 'Estatut' catalán y advirtió de que el autonómico impedirá la aplicación del básico porque asume competencias exclusivas sobre el personal al servicio de la administración autonómica.

Sevilla respondió que «cualquier Estatuto aprobado por esta Cámara obviamente será de aplicación general». Expresó su confianza en que el texto de su Ministerio reciba el mayor respaldo posible pero dejó muy claro que la posición del PP no será decisiva porque «no estoy dispuesto a que el mayor partido de la oposición boicotee la futura norma». Al término de su comparecencia y una vez constatada la falta de apoyos, comentó que así el día que el Congreso apoye su proyecto «tendrá más mérito».