La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió ayer una investigación para averiguar si existen irregularidades en el envío de cartas de los responsables económicos de ERC a cargos públicos y empleados de la Generalitat, a los que reclama la entrega de un porcentaje de su sueldo a las arcas del partido republicano bajo amenaza de despido si no cumplen con la solicitud. Por su parte, el secretario de organización de ERC, Xavier Vendrell, admitió que pueden haberse cometido «errores» en el envío de cartas para reclamar aportaciones a trabajadores de la Generalitat, pero ha acusado a CiU de «presionar» a presuntos afectados para que denuncien sus casos.

Según la Fiscalía, ERC podría haber incurrido en los presuntos delitos de vulneración de derecho al trabajo, coacción y 'mobing' contra trabajadores de la Administración pública catalana. Además, la investigación determinara también si ERC vulneró la Ley de Protección de Datos. La primera iniciativa del fiscal fue solicitar documentación a ERC, al que reclama, entre otros informes, la lista de las personas que a las que el partido considera cargos de libre designación en la Generalitat y otras administraciones.

El episodio ha puesto en un brete al frágil tripartito que gobierna la Generalitat. CC OO y UGT exigieron al consejero de Gobernación, el republicano Joan Carretero, explicaciones sobre las polémicas cartas. Mientras, las fuerzas políticas exigen respuestas, al tiempo que acusan a los independentistas de extorsionar a trabajadores de la Generalitat.

Vendrell, que ha advertido de que podría demandar a quienes lancen «acusaciones infundadas», ha denunciado «presiones políticas» de CiU para que la ex secretaria de la consellera de Educación denunciara que fue relevada de su puesto de trabajo en 2004 tras negarse a pagar una parte de su sueldo a ERC.