Izquierda Unida planteará en el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía del Principado que Asturias se sume a las comunidades que cuentan con su propio tribunal de defensa de la competencia. Según explicó a EL COMERCIO el dirigente de IU y consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Principado, Francisco Javier García Valledor, «los temas vinculados a la regulación, promoción y defensa de la competencia, y los órganos con capacidad de decisión sobre los mismos, van a tener un papel cada vez mayor. Lo estamos viendo en el ámbito europeo, en el español, y creo que también en Asturias es cada vez más necesario contar con un órgano de este tipo».

El equivalente al Tribunal de Defensa de la Competencia nacional (no tendría por qué recibir el mismo nombre en el Principado, aunque muchas de las regiones que ya lo han puesto en marcha sí le han dado esa denominación) tendría dos campos fundamentales de actuación: la promoción de la libre competencia y la defensa de la misma ante alguna actuación empresarial que pudiera menoscabarla. Este tipo de tribunales están adquiriendo un notable protagonismo en los últimos tiempos, ante las numerosas operaciones de compra y concentración de empresas que se dan en los más diversos sectores, algunos tan estratégicos como el energético.

Las atribuciones del tribunal asturiano se limitarían a dictaminar sobre las operaciones que afecten exclusivamente al territorio de la comunidad autónoma, pero Valledor no cree que eso reste importancia a su creación. El consejero pone el ejemplo de que «ahora tenemos el caso de una cementera que quiere instalarse en el puerto de Avilés, un asunto que seguramente va a acabar en el Tribunal de Defensa de la Competencia» español y que se quedaría en el autonómico si el Principado contase ya con este organismo. Y como en este caso, añade, «hay otros sectores económicos asturianos donde parece bastante previsible que la posible introducción de nuevas empresas pueda acrecentar el volumen de casos» que requieran de la actuación de un tribunal de este tipo.

Regulación

La actual legislación permite ya que el Principado, si quisiera, crease su propio tribunal de defensa de la competencia sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía. Una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 1999 reconoció ya que esa materia no está atribuida expresamente al Estado en la Carta Magna y, por tanto, «las comunidades autónomas que así lo han previsto en sus estatutos tienen competencias en relación con el comercio interior y, por ende, con la defensa de la competencia». Y el Principado ya cuenta, según el artículo 10.1.14 del Estatuto, con la competencia exclusiva sobre el comercio interior, por lo que le bastaría una ley autonómica ordinaria para crear un órgano regulador.

Bajo el amparo de esta sentencia ya han promulgado leyes de creación de sus propios tribunales de defensa de la competencia comunidades como Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco, Extremadura o la Comunidad Valenciana, mientras que otras como Murcia han optado por poner en marcha un Servicio Regional de Defensa de la Competencia.

El PSOE e Izquierda Unida-Bloque por Asturies no previeron en el pacto de gobierno que suscribieron en julio de 2003 la puesta en marcha de este tribunal, como sí hicieron con otros órganos institucionales, el Consejo Consultivo y el Procurador General, cuyas leyes han sido aprobadas ya por la Junta General del Principado. García Valledor opta, por lo tanto, por no promover ahora la redacción de una ley ordinaria, sino negociar en el ámbito del Estatuto, «en el que hay que introducir todos los órganos institucionales de la comunidad autónoma», señala el dirigente de IU.

Consejo judicial

Junto al tribunal de defensa de la competencia, la coalición reclamará la introducción en el texto estatutario de otro órgano institucional del que carece hasta ahora el Principado: un consejo autonómico de Justicia, entidad que ya recogen los proyectos estatutarios de Cataluña, Comunidad Valenciana y el que se prepara en Andalucía.

El Gobierno de la nación facilitará, previsiblemente, a través de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la creación de estos consejos en las comunidades autónomas, por lo que posiblemente IU encuentre apoyos para esta propuesta. Valledor la justifica en la defensa de «autonomizar el Poder Judicial», ya que «todos los poderes del Estado se han adaptado a la descentralización excepto éste».