Además de propugnar la inclusión en el Estatuto de Autonomía de nuevas instituciones con las que no cuenta el Principado, como un tribunal de defensa de la competencia y un consejo judicial, Izquierda Unida planteará que el texto mencione también a un órgano ya en funcionamiento, el Consejo Económico y Social (CES), y otro que aún no se ha puesto en marcha pero que cuenta ya con su ley reguladora, el Procurador General. Ambos recibirían así rango estatutario y la primera de las leyes asturianas contendría así de forma completa la relación de órganos institucionales del Principado.

El mapa institucional que se recogía en la redacción inicial del Estatuto, que data de 1981, se limitaba a la Junta General del Principado, el Consejo de Gobierno y el presidente. La reforma aprobada en enero de 1999 incluyó, con la denominación de órganos auxiliares, a la Sindicatura de Cuentas y al Consejo Consultivo. La Administración de Justicia cuenta con un título específico en el Estatuto, pero sin incluir referencia alguna a un órgano rector que pudiera considerarse el equivalente autonómico del Consejo General del Poder Judicial.

Entidades estatales

La propuesta de IU para la reforma estatutaria asturiana no se limita a que el texto recoja los órganos institucionales de la región, sino que reclama «la participación de la comunidad asturiana en instituciones yen el procedimiento de toma de decisiones que afecten al ámbito autonómico», según explicó el consejero de Justicia, Francisco Javier García Valledor.

Como ya avanzasen el pasado mes de diciembre el coordinador general de la coalición en Asturias, Jesús Iglesias, y el dirigente del Bloque por Asturies Roberto Colunga, esa participación incluiría que el Principado pudiese tener algún tipo de papel en la designación (aunque sea de manera coordinada con otras comunidades) de los miembros de los órganos de dirección de las instituciones nacionales cuyas actuaciones afecten al ámbito autonómico.

Entre ellas estarían el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social estatal, la Comisión Nacional de la Energía, la Agencia Española de Protección de Datos y el consejo de administración de Radiotelevisión Española.