Será el primer asalto de un largo combate judicial. José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro Castro, ambos en prisión por su presunta implicación en los atentados del 11-M en Madrid, serán juzgados el próximo 23 de octubre en la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, por la 'operación Pipol'. Esta actuación antidroga, llevada a cabo en 2001, permitió desmantelar una importante red de distribución de estupefacientes que operaba en la región. Los avilesinos fueron sorprendidos con 15 kilos de hachís, pero también con 16 cartuchos de goma 2 y 94 detonadores. El material explosivo fue destruido por los Tedax de Oviedo sin que se llegase a investigar su procedencia. El fiscal antidroga de Asturias, José Perals, acusa a Toro y Trashorras no solo de tenencia, sino de tráfico de explosivos, actividad a la que supuestamente se dedicaban los cuñados tres años antes de los atentados. Algunas fuentes consultadas por EL COMERCIO creen que el fallo de los magistrados en este sentido será premonitorio de lo que pueda suceder durante el juicio por el 11-M, al entender que durante el transcurso de la 'operación Pipol', o incluso antes, germinó la luego denominada trama asturiana de la dinamita.

Esta actuación policial comenzó en el escenario del 'crimen de la alcantarilla', ocurrido en Gijón en 2001. Uno de los implicados en aquellos hechos portaba una papelina de cocaína en el momento de su detención. En su declaración, aseguró que la había comprado en un pub de la calle del Marqués de Urquijo, en el gijonés barrio de La Arena. Esta información confirmó las sospechas del grupo de Estupefacientes de la comisaría local sobre las actividades llevadas a cabo en el establecimiento. La Policía abrió una investigación para desmantelar lo que parecía un pequeño foco de venta de droga al menudeo. En apenas unas semanas, comprobaron que detrás de aquella papelina existía una compleja organización que introducía grandes cantidades de cocaína y otras sustancias en Asturias.

Lo que no pudieron imaginar es que dos de sus miembros menos relevantes, Antonio Toro Castro y Emilio Suárez Trashorras, se verían implicados tres años después en los atentados del 11-M y que la dinamita que hallaron en su garaje de Avilés se utilizaría en 2006 para imputarles un delito de tráfico de explosivos que, de poder acreditarse, facilitaría el camino a la fiscal del 11-M, Olga Sánchez, para constatar que los cuñados habrían suministrado a los marroquíes la goma 2 que hizo saltar por los aires los trenes de Madrid.

De cinco a 17 años

La 'operación Pipol' sentará en el banquillo de la Audiencia a una veintena de personas, todas ellas acusadas de un delito contra la salud pública. El fiscal solicita para ellos penas que van desde los cinco a los 17 años de cárcel. La pena más alta es la solicitada para Toro y Trashorras, 10 años por un delito contra la salud pública y 7 por tráfico de explosivos, para cada uno.

Los avilesinos estarán acompañados durante el juicio, que durará un mes, por el resto de personajes que, supuestamente, conformaban la red de distribución de cocaína.El gallego M. B. M. era, según el escrito de acusación redactado por José Perals, el principal suministrador de la droga, que llegaba a Asturias a través de un policía local de San Martín del Rey Aurelio, L. C. G., para el que trabajaban cuatro personas que se encargaban de transportarla desde Galicia y de llevarla hasta tres importantes clientes de su jefe, F. G. M., J. J. B. y M. A. M. A. Sin embargo, éste no era el único canal empleado por el capo. El procesado vendía cocaína de forma directa a J. L. A. A., proveedor, a su vez, de un hostelero gijonés y su esposa, A. M. A. Z. e I. C. P., los propietarios del pub de Gijón en el que se iniciaron las pesquisas.

Después de varios meses de seguimientos y escuchas telefónicas, los agentes del grupo de Estupefacientes advierten que el capo gallego tenía a sus órdenes a un joven avilesino que se encarga del trabajo sucio, es decir, de los traslados de la droga a Galicia desde Madrid o el Sur de España y de los cobros a los clientes. Este joven resultó ser Antonio Toro Castro. A su vez, para él trabajaban Emilio Suárez Trashorras y José Ignacio Fernández Díaz 'Nayo', quienes le ayudaban en su trabajo, sobre todo en el traslado de las sustancias y en las labores de vigilancia. Éste último, huido, será el gran ausente en la sala de la sección octava.

Confidencias

'Nayo' fue delatado por Trashorras en 2002. El ex minero informó al inspector del grupo de Estupefacientes de Avilés Manuel García, 'Manolón', de que formaba parte de una organización dedicada a introducir droga en la región. El dispositivo policial tuvo éxito y 'Nayo' volvió a prisión, pero se tomó la revancha. Desde Villabona informó a la Jefatura Superior de Policía de Asturias de que Trashorras vendía goma 2 que robaba en las minas. Al ver que el avilesino seguía en la calle, volvió a denunciar estos hechos, ya en 2003, pero esta vez en la Comandancia de Oviedo. Ni las investigaciones de la Guardia Civil ni las de la Policía -que sabía que en 2001 el avilesino había sido sorprendido con cartuchos de goma 2 y detonadores- dieron los resultados deseados.

El juez que instruyó la 'operación Pipol', Juan Laborda Cobo, interrogó a todos los acusados sobre su papel en la red de distribución de cocaína pero no ordenó a la Policía averiguar la procedencia de la dinamita y los detonadores. Perals basa ahora la imputación de tráfico de explosivos en el testimonio de Francisco Javier Villazón Lavandera, el confidente que ya en 2001 alertó a las fuerzas de seguridad del Estado de los negocios de los dos avilesinos con la goma 2. Perals tiene en cuenta la aparición en el garaje de Avilés de la goma 2 y los detonadores y también la declaración de Lavandera, a quien supuestamente Toro ofreció entrar en el negocio, no sin antes enseñarle el maletero de su coche atestado de material explosivo.