EL pasado martes, el Ministerio de Industria firmó el plan del carbón para el periodo 2006-2012, que colma las pretensiones sindicales al prever la prejubilación de más de la mitad de los 8.264 mineros que hay en las plantillas, a la vez que el contrato para 1.700 nuevos trabajadores, y todo ello complementado con una bolsa de 2.880 millones de euros para invertir y gastar en las comarcas mineras. Aunque parezca difícil, cada plan del carbón supera al anterior en concesiones a los sindicatos, lo que no es óbice para que la producción de carbón nacional juegue un papel cada vez más marginal en la economía española. A menos importancia del carbón nacional, más apoyos en forma de prejubilaciones, más contrataciones laborales, más cuantía de fondos mineros por cada puesto de trabajo amortizado y más subvenciones al carbón en los planes ministeriales. Da igual que gobierne el PSOE que el PP; el carbón mengua, pero todo lo demás crece.
Si se mira con perspectiva, la gestión realizada por los dirigentes sindicales del declive del carbón ha sido magistral. En el Ayuntamiento de Oviedo se habló en alguna ocasión de levantar un monumento a los sindicatos mineros, pero yo creo que en la capital debe alzarse el monolito a la cúpula sindical que ha logrado traer para casa un flujo de dinero que supera los presupuestos municipales y los fondos que llegan de Europa. Las cantidades son mareantes. Sirvan de ejemplo algunos datos. El plan del carbón 1998-2005 le ha costado al Estado 12.279 millones de euros (más de dos billones de pesetas), y eso que al firmarse el plan estaban trabajando 22.840 mineros y lo acabaron 8.264 y se pasó de producir 18 millones de toneladas de carbón a 12,3.
En Asturias, la cadencia todavía es más llamativa, porque hace 25 años, un poco antes de que Felipe González especulara con la fecha de caducidad de Hunosa, había 31.000 mineros en activo y cuando acabe el presente plan no llegarán a los 3.000. El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Enrique Martínez Robles, reconoció en octubre, ante la comisión de Presupuestos del Congreso, que Hunosa le costará al Estado más de 2.000 millones de euros, y eso que tiene actualmente 3.388 mineros (cien millones de pesetas por cada puesto de trabajo).
Los dirigentes sindicales de la minería han sabido echar mano de la política cuando hacía falta, demostrando que los bolcheviques se equivocaban cuando teorizaban que el sindicato debía ser la correa de trasmisión del partido: es el partido y el Gobierno el que debe ser la correa de trasmisión del sindicato. Cuando hizo falta no tuvieron problemas para pactar con el Diablo, sin dejar de levantar el puño, y ahí está la novedad de los fondos mineros, un programa inaugurado por el ministro Piqué que ahora renueva con más fuerza Montilla: 2.880 millones de euros para compensar un recorte de 3.000 puestos de trabajo (saldo de bajas e incorporaciones). Un millón de euros a los territorios por cada empleo amortizado, sin contar el dinero destinado a prejubilaciones.
Salirse con la suya
Los sindicalistas supieron poner un tronco en la carretera y dejarla cerrada durante seis horas mientras la Policía vigilaba; en los telediarios de Carmen Caffarel se hicieron un hueco para explicar la huelga de otoño, mientras los responsables del Ministerio de Industria estaban escondidos. Los líderes sindicales se salieron con la suya, sin despeinarse, porque el ministro del gas no se iba a quemar con el carbón. ¿Chapeau!
Estos logros económicos y sociales para los mineros, y para las comarcas, no tienen que ser beneficiosos para las explotaciones mineras, porque una renovación tan profunda en las plantillas resulta difícil de compatibilizar con los objetivos de producción. Pero este es un aspecto secundario, porque el carbón nacional cada vez tiene una importancia menor. El mejor ejemplo es Asturias, la región carbonera por excelencia, la que recibe más fondos mineros. Pues bien, el 80% del carbón que se consume en Asturias es de importación. El parque termoeléctrico asturiano no depende de los suministros de las minas asturianas. Por eso mueve a risa oír al ministro Montilla decir que con el plan ahora firmado «se asegura el futuro del carbón en la dieta energética del país». Montilla, de industria sabe poco, pero del carbón no conoce ni el color: si la dieta energética española depende de los 9,2 millones de toneladas pactados, el país se quedaría a oscuras. Lo más relevante del plan del carbón son los contingentes destinados a prejubilaciones y la bolsa de los fondos mineros.
A los municipios asturianos les tocan 1.710 millones de euros en concepto de compensación por el empleo perdido y con la promesa de reactivar las cuencas. El Principado, que no tuvo que ver en la negociación del plan del carbón, va a poner el 25% de la financiación de los proyectos acogidos a los fondos mineros. Una cantidad superior a todos los compromisos territoriales asumidos por el Gobierno regional.
Del anterior programa de fondos mineros el proyecto más querido por los dirigentes sindicales fue el campus de Mieres. Una obra espectacular que a día de hoy sólo cobija 50 estudiantes más de los que había matriculados en la antigua escuela de facultativos de minas de Mieres. Ahora se demanda un centro para tratamiento de paraplejias y de otras minusvalías, que estaría ubicado en Langreo. Para su construcción hay suficiente financiación; lo que no queda claro es quién se hace cargo de su mantenimiento, porque el Principado no puede asumir una carga tan pesada, que no está incluida en la planificación sanitaria de Asturias. ¿Proyecto descartado?
A un año de las elecciones, apuesten por lo contrario. El PP ya ha hecho bandera del equipamiento, y esto no pasa de ser la señal de por dónde va a ir el debate político-sindical en Asturias en los próximos tiempos. A más igualdad entre izquierda y derecha, más beneficios para el carbón. Aunque no se lo crean, volvemos a los años ochenta, en rostros, actitudes, discursos. En Asturias, el mejor futuro es el pasado.