La Junta de Andalucía instará hoy al Gobierno a disolver el Ayuntamiento de Marbella. Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico pretende resolver la enorme crisis desatada en la Corporación malagueña por el descubrimiento de la trama de corrupción urbanística que ya ha llevado a la cárcel a su alcaldesa, Marisol Yagüe; la teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y varios concejales. La medida, sin embargo, resulta insuficiente para el PP, que exige la convocatoria de elecciones. Los socialistas afirman que el trámite es complejo y que resultará difícil atender a esta exigencia. La ley establece unos plazos para el adelanto de los comicios y creen que no se podrá llegar a tiempo. Los populares insisten en que, si el Consejo de Ministros aprueba la resolución el viernes, hay margen.

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento marbellí, Ángeles Muñoz, acusó al PSOE de querer dejar pasar el tiempo para evitar que las elecciones le cojan en un momento desfavorable. Según dijo, las encuestas reflejan la «clara desventaja» de esta partido con respecto al PP. Así, reclamó al Ejecutivo que obre con «responsabilidad» si quiere disipar las «sospechas» de los suyos. A su juicio, la posibilidad de crear una junta gestora que se ocupe del Gobierno local hasta mayo de 2007 es «intolerable» para los ciudadanos marbellíes que ya están sufriendo una situación que «no merecen».

El secretario de Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, aseguró ayer que los trámites de disolución son «largos y difíciles» y recordó que, si efectivamente la Junta de Andalucía toma esta decisión, será la primera vez en la historia de la democracia que se interviene en una Corporación local. Aún así, subrayó, «el Gobierno está dispuesto a estudiarlo con toda seriedad». El dirigente socialista acusó también a los populares, a través de un comunicado, de actuar como «conversos que se arrogan a una posición de dureza que, lamentablemente, nunca han tenido en Marbella». Según recordó, en 2003, cuando Jesús Gil entró en la cárcel y se planteó una moción de censura, el Gobierno de Aznar negó «rotundamente» la posibilidad de disolver el Ayuntamiento de Marbella, como pide ahora, porque los entes locales gozan de un grado de autonomía reconocido en la Constitución.

Para que puedan celebrarse comicios anticipados el Ayuntamiento debería quedar disuelto con anterioridad al 27 de mayo. El trámite exige, a su vez, la aprobación del Senado; una aprobación que debería producirse antes de la reunión de la Junta de Portavoces mañana. El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, anunció ayer, en cualquier caso, que si el Gobierno no demuestra «voluntad política» para resolver el asunto, su grupo presentará una moción a favor de la disolución y convocatoria de elecciones que sería incluida en el orden del pleno de esta semana.

Nuevo frente

Al margen de las decisiones políticas que se puedan tomar en las próximas horas, el juez Miguel Ángel Torres, instructor de la 'operación Malaya' contra la malversación en el Consistorio de Marbella, abrió en las últimas horas un nuevo frente de investigación en la maraña de comisiones en la Costa del Sol: los concursos públicos 'a medida' diseñados por los imputados para favorecer a sus empresarios amigos a cambio de millonarias comisiones y regalos.

Según desvelaron fuentes de la investigación, la puesta en marcha de estos concursos amañados es la principal imputación contra la teniente de alcalde de Marbella, la tránsfuga Isabel García Marcos, que la madrugada de ayer fue encarcelada bajo la acusación de cohecho y alteración de los precios en concurso y subasta pública.

Por ahora, la Policía y el juez tienen documentada con todo lujo de detalles una de estas operaciones fraudulentas. Se trata de la concesión del servicio de grúas del municipio. Según los indicios recabados en la investigación, García Marcos y otros cuatro miembros de distinto nivel del ayuntamiento, diseñaron y aprobaron una nueva tasa de retirada de vehículos remolcados al depósito sólo para pagar una deuda al empresario madrileño Ismael Pérez, dueño de la empresa concesionaria de la grúa y propietario de dos empresas de 'leasing' de vehículos que surten de coches a buena parte del Ayuntamiento marbellí. El Consistorio diseñó un concurso a medida para que Pérez renovase la concesión de las grúas y el abastecimiento de vehículos, eso sí, supuestamente a cambio de dinero y de vehículos.

Críticas del fiscal

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró que la 'operación Malaya'; desencadenada por el Cuerpo Nacional de Policía, no es más que la respuesta a «un clamor social que exigía que de una vez por todas limpiásemos la corrupción del Ayuntamiento de Marbella».

Conde-Pumpido, que explicó que el Ministerio Público desde el principio sabía que la red desmantelada en la Costa del Sol era «muy importante», respaldó el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y el de la Policía, de las que dijo que «están haciendo un trabajo excelente para limpiar la corrupción y evitar que se extienda en otros ayuntamientos».