PEDRO Solbes, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, acaba de informar de la 'actualización' del Plan de Dinamización de la Economía que fue puesto en marcha hace aproximadamente un año y que ahora será enriquecido con nuevas medidas orientadas a «corregir la inflación y el déficit exterior» mediante disposiciones tendentes a flexibilizar los mercados hipotecario, energético y de transporte. El máximo responsable de la política económica admitió la necesidad de practicar una política de gasto público restrictiva, manteniendo su crecimiento en los límites del crecimiento del PIB nominal, para evitar un recalentamiento de la economía española.

Existe práctico consenso técnico entre los analistas sobre el hecho, por lo demás evidente, de que nuestra economía, que mantiene una admirable capacidad de crecimiento, está seriamente amenazada por la inflación y déficit exterior, relacionados entre sí y que, de no controlarse a tiempo, pueden afectar decisivamente a nuestra productividad y, por ende, a la competitividad del sistema productivo español.

Sin duda alguna, el anuncio de que se extremará el rigor presupuestario -lo que no tiene que redundar en recortes en la inversión, que sigue siendo necesaria- va en la dirección correcta y resulta tranquilizador. Pero el conjunto de las medidas constituye una propuesta tímida e insuficiente: la liberalización del transporte ferroviario, los incentivos a un uso más eficiente del agua, las subastas virtuales de electricidad y el anuncio de un nuevo sistema para limitar el déficit en la tarifa eléctrica tendrán un efecto bien poco relevante en los precios. Y en lo referente a las reformas del sistema hipotecario, podrá quizá prevenirse mejor con ellas el estallido de la burbuja inmobiliaria pero ni siquiera servirán para combatir eficazmente el peligroso recalentamiento del sector. Los nuevos productos que se quiere impulsar -las hipotecas a tipo fijo o mixtas así como las llamadas inversas- ya existen e incidirán poco en la demanda y la mayor publicidad de los riesgos que contrae quien suscribe una hipoteca tampoco tendrán un gran efecto disuasorio.

La lucha contra la inflación, que es también contra el déficit exterior, debería pasar en cambio por otras decisiones mucho más drásticas, tales como el efectivo incremento de la inversión en I+D y de los presupuestos destinados a educación, que están en la base de la productividad, o las actuaciones en pro de la transparencia de las redes de distribución, especialmente en el sector alimenticio. Todo ello sin olvidar acciones estimulantes de la competencia en aquellos sectores económicos que todavía están sujetos a anacrónicas intervenciones. En definitiva, se echa en falta mayor decisión del Gobierno para llevar acciones estructurales de saneamiento y liberalización económicos, que son en todo caso más fáciles de adoptar en época de vacas gordas como la presente.