La polémica dura desde hace casi dos años. Antes del verano de 2004, los juzgados gijoneses presentaban un importante problema de colapso, con numerosos asuntos en la cola de ser despachados por culpa, según los profesionales de la judicatura, de los escasos medios con los que contaba la ciudad. Jueces, abogados y procuradores, además de los representantes políticos, clamaban por la ampliación de la planta judicial gijonesa y en esas reivindicaciones ya figuraba un juzgado de lo Mercantil.

Fue el 6 de junio de ese año, en el transcurso de un seminario sobre Derecho Mercantil que se celebró en el recinto de la Feria de Muestras, cuando el entonces presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Seijas Quintana, anunció la creación del primer juzgado de lo Mercantil en Asturias, concretamente en Oviedo, que abriría sus puertas el día 1 de setiembre siguiente.

Desde entonces, tras la constatación de que gran parte de los asuntos que llegaban a ese tribunal procedían de Gijón, se dispararon las expectativas para que la ciudad pudiera contar con un tribunal de estas características. El 16 de noviembre de 2004 el Ministerio de Justicia anunció la creación de un segundo juzgado de lo Mercantil, aunque situó su sede de nuevo en la capital del Principado. Esa circunstancia fue confirmada al día siguiente a EL COMERCIO por fuentes ministeriales, por lo que los colegios de Abogados de ciudades en las mismas circunstancias que Gijón -Vigo, Elche, Cartagena, Jerez de la Frontera...- formaron un frente común para conseguir sus aspiraciones. Incluso el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias aunaron esfuerzos, y el consejero de Justicia, Francisco Javier García Valledor, se implicó de lleno para conseguir que Gijón fuera sede de un juzgado de lo Mercantil.

Acercamiento

El 19 de noviembre de ese año el ministerio flexibilizó su postura, y condicionó la decisión al volumen de trabajo del juzgado creado en Oviedo y a la procedencia de los asuntos. Este acercamiento entre administraciones se consiguió en base a unas conversaciones con la directora general de Justicia, Pilar Jiménez Blanco.

Así, el 22 de noviembre, el consejero de Justicia llegó a un principio de acuerdo con el ministerio, después de un encuentro con el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra. De ese acuerdo, García Valledor informó al día siguiente a la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y al entonces decano del Colegio de Abogados, Antonio González Colunga. Todo dependía entonces de un acuerdo conjunto entre la Consejería de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Ni que decir tiene que los estamentos asturianos tardaron muy poco tiempo en lograr un acuerdo. El escollo fue entonces el CGPJ, donde el consejero asturiano Agustín Azparren trató de aglutinar apoyos a la descentralización del juzgado, sin conseguirlo.

El proceso quedó paralizado por varios procesos de cambios de planta judicial elaborados desde el Ministerio de Justicia, pero el pasado lunes el propio ministerio anunció la creación del segundo juzgado de lo Mercantil en Oviedo. Eso hizo reactivar todos los resortes de la Administración pública, que culminaron en el día de ayer con la decisión adoptada por el PSOE de acudir a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta.