Votaron en contra los diputados de Socialistas Abertzaleak. Era profesor de Derecho Constitucional y presidente de la asociación de gays y lesbianas vascos. Respaldado por el tripartito, pero no por CiU, que votó en contra. Doctor en Ciencias Políticas y ex presidente de IC, había abandonado la política hacía tres años. Elegido por el voto unánime de todos los diputados aragoneses. Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza, ejerció durante 21 años como fiscal. Elegido por mayoría, pero con cuatro votos en blanco y uno nulo. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y también se dedicó a la docencia. Elegido por amplia mayoría aunque con cuatro votos en blanco y uno nulo. Es sacerdote, licenciado en Historia y antes se dedicó a tareas de asistencia a marginados. En septiembre del año pasado, cuando en la Junta General del Principado se debatía el proyecto de Ley del Procurador General -nombre con el que se designa en Asturias al defensor del pueblo autonómico-, los Defensores del Pueblo de Andalucía, Aragón, Galicia y País Vasco dieron su parecer. El perfil adecuado sería el de una persona independiente, con un marcado carácter social y, a ser posible, jurídico, que concitara el mayor consenso posible.

Hace una semana que el PSOE dio a conocer a su candidata para el cargo -la concejala de Servicios Sociales de Gijón, María Antonia Fernández Felgueroso- y, desde entonces, su socio en el Gobierno del Principado, Izquierda Unida, no ha hecho otra cosa que criticar esta decisión.

No sólo dudan de la independencia con la que la edil gijonesa pueda desempeñar el cargo en un futuro inmediato sino que consideran que los socialistas pervierten «el sentido, la filosofía y el espíritu del Procurador» al proponer a una persona que está en la política activa. Tal y como se han venido desarrollando los acontecimientos en las últimas fechas, IU se plantea «no participar» en el proceso de elección de la futura Procuradora General del Principado.

Para la elección de Fernández Felgueroso, no obstante, bastan los votos a favor de PSOE y PP, que suman la mayoría de tres quintos requerida. De hecho, ese reparto de fuerzas es lo que ha abonado el camino para un acuerdo tácito entre ambas formaciones por el que el PSOE colocaría a su candidata como Procuradora y el PP vería al suyo -suena con fuerza el nombre de Noel Zapico, un histórico del partido- en el puesto de adjunto.

«Hasta ahora no vemos que ni la FSA ni el PSOE lo estén haciendo bien», comenta Jesús Iglesias, coordinador general de IU en Asturias. De ahí «que hayamos emplazado a la reflexión a los socios de gobierno para volver al punto cero», añade. La coalición de izquierdas propone que se reanude el debate sobre quién es el mejor candidato «porque, si no, las cosas van a salir mal e IU no va a participar en las cosas que salen mal», advirtió.

En el caso de que IU cumpliera sus amenazas y votara en contra Asturias sería una de las pocas comunidades autónomas en las que la figura del Defensor del Pueblo se aprobaría sin el consenso generalizado que se persigue -aunque no es obligatorio en ningún caso- para la designación del 'ombudsman' autonómico.

En las diez comunidades autónomas que ya cuentan con este figura la tónica dominante ha sido la del acuerdo parlamentario de todos los grupos. Así ocurrió en Aragón, en Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha y Navarra.

En contra

Sólo en el País Vasco y Cataluña la elección de sus defensores del pueblo contó con el voto en contra de Socialistas Abertzaleak -en el caso del Ararteko vasco - y de Convergencia i Unió -en el caso del Sindic de Greuges catalán-. En Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana, pese a reunir la mayoría cualificada requerida, se contabilizaron algunos votos en blanco.

La elección de la Procuradora General del Principado podría resultar peculiar por una segunda cuestión: el perfil de la candidata. Repasando la trayectoria profesional de la decena de defensores del pueblo que se han ido nombrando en las distintas comunidades autónomas desde 1983 (Andalucía fue la primera en contar con esta figura) se encuentra una coincidencia en todos los casos: el perfil técnico de quienes ostentan el cargo en la actualidad. Casi todos los defensores del pueblo autonómicos cuentan con una dilatada trayectoria anterior en el ámbito jurídico.

La única excepción es la de la comunidad foral de Navarra. Allí, María Jesús Aranda Lasheras, abandonó la corporación municipal de Tudela, a la que pertenecía como concejal, para ocupar el puesto de Defensora del Pueblo navarro. Fue propuesta por el PSOE, pero su designación no fue contestada por ninguna de las otras formaciones políticas representadas en la Cámara.

Rafael Ribó, ex diputado catalán -lo fue hasta 2001- y ex presidente de Iniciativa por Cataluña (IC) hasta el año 2000, es en la actualidad el Sindic de Greuges, pero su candidatura y posterior elección para ese cargo llegó tres años después de haber abandonado la primera línea de la actividad política. Así que, si finalmente -y como todo apunta- María Antonia Fernández Felgueroso acaba siendo Procuradora General del Principado, sería el segundo caso en toda España en el que quien alcanza el cargo de Defensor del Pueblo procede de la política activa.

La Ley del Procurador General aprobada el pasado mes de diciembre por la Junta General es determinante en el capítulo de incompatibilidades. El defensor del pueblo asturiano no podrá desempeñar ningún otro cargo público. Tampoco militar, estar afiliado, o desempeñar funciones directivas o ejecutivas en un partido político. Con estos condicionantes, Fernández Felgueroso no sólo abandonará la concejalía de Servicios Sociales, sino que tendría que cesar su militancia en el Partido Socialista.