LA figura del Procurador General ha levantado una tormenta en el Principado al conocerse que la concejala gijonesa María Antonia Fernández Felgueroso es la persona propuesta por los socialistas para ocupar el cargo. IU ha puesto el grito en el cielo y el silencio del PP ha quedado roto por el alcalde de Oviedo. El litigio tiene poca importancia en sí mismo, a fin de cuentas el 'ombudsman' no es una figura clave para la dinámica de las instituciones democráticas, pero arroja muchas pistas sobre el tiempo político que vamos a vivir hasta las elecciones autonómicas de la primavera de 2007.

Los principales dirigentes de IU, Francisco Javier García Valledor y Jesús Iglesias, saltaron como un resorte al saber las intenciones socialistas y articularon su negativa sobre dos argumentos: hay un pacto secreto entre PSOE y PP para cubrir la figura del Procurador General, consistente en apoyar a María Antonia Fernández Felgueroso para titular del cargo y como adjunto a Noel Zapico (PP); para ellos, el pacto de gobierno entre PSOE e IU sería incompatible con ese tipo de acuerdos. El otro argumento era la consideración de que María Antonia no es la persona idonea para el puesto, por tratarse de una concejala del Ayuntamiento de Gijón, lo que restaría independencia al desempeño de su futura tarea. Gabino de Lorenzo abominó del consenso con el PSOE y, luego, sacó a relucir la falta de independencia de la concejala. Es importante observar que el principal motivo de discrepancia, en los dos casos, tiene que ver con el hipotético acuerdo alcanzado entre las cúpulas del PSOE y del PP, de manera que, aunque se hubiera consensuado una figura independiente para el cargo de Procurador General, no hubiera contado con el apoyo de los discrepantes.

Vaya por delante que me parece una actitud del todo correcta mantener que los organismos de control de la Administración estén ocupados por personas que, además de solventes, estén alejadas de la actividad política y partidaria. Lo que llama poderosamente la atención es que las objeciones levantadas sobre la concejala gijonesa no se hayan utilizado en la elección de los miembros del Consejo Consultivo y de la Sindicatura de Cuentas, que son mucho más importantes. El PP no tuvo empacho en proponer a los dos ex delegados del Gobierno de la época de Aznar para ocupar sendas poltronas, mientras que la izquierda optó en casi todos los casos por antiguos dirigentes gubernamentales o por personas que ocuparon puestos relevantes en candidaturas electorales. Es decir, todo menos personas ajenas a una fuerza política. Casi habría que formularlo al revés: la dependencia se ha desvelado como una condición necesaria para la elección.

No se trata de un mal exclusivo de la política asturiana, sino que la democracia española tiene en los organismos de control y en los organismos reguladores una asignatura pendiente, porque hoy en día están desvirtuados al ser juez y parte sus máximos responsables. La Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional del Mercado de Valores son ejemplos de este mal.

Razones ocultas

Descartada la disculpa de la falta de independencia, toca preguntarse por las razones del rechazo a la concejala gijonesa. Para IU supone constatar los límites de su capacidad de influencia. En un momento en que se perfila una cierta crítica interna sobre el pacto con los socialistas -muy visible en el Congreso del PCA- les toca comprobar que no tienen alternativa: o aceptan los dirigentes de IU las propuestas del grupo parlamentario socialista u optan por tensar las relaciones en el Gobierno, lo que les llevaría a impugnar su propia estrategia, porque la ruptura del pacto es la alternativa del dimitido director general de Seguridad, Francisco de Asís Fernández. Francisco Javier García Valledor o Jesús Iglesias representan, dentro de IU, la vía del acuerdo con los socialistas; para encabezar la ruptura hay otros dirigentes mejor colocados. Es como si Llamazares quisiera ahora romper con Zapatero; para esa tarea ya está Francisco Frutos.

Para unos dirigentes con madurez política (no dudo que Javier García Valledor y Jesús Iglesias la tengan) lo más rentable es llegar a las elecciones sin fisuras en el Gobierno, porque su mejor activo ante el electorado será la labor hecha desde las dos consejerías que gestionan. A un año de las elecciones, cualquier cambio de política sería duramente castigado.

El otro motivo para el rechazo tiene que ver con el Estatuto de Autonomía. Me explico. El Procurador General necesita ser votado por tres quintos de la Cámara, para lo que son insuficientes los escaños de PSOE e IU. En todos los supuestos que haga falta una mayoría cualificada es indispensable entenderse con el PP. El acuerdo sobre la figura del 'ombudsman' podría ser un anticipo de lo que pasase con la reforma del Estatuto de Autonomía, y eso para IU sería gravísimo: la única fuerza parlamentaria que hizo bandera política de la reforma estatutaria quedaría, a la hora de la verdad, marginada del proceso de reforma. Esa era la sorpresa que guardaban bajo el poncho los socialistas cuando optaron por reactivar la reforma del Estatuto de Autonomía en la segunda parte de la legislatura. Un acuerdo en la Junta General del Principado con el PP, compatible con el pacto de izquierdas en el Ejecutivo, dejaría a IU a los pies de los caballos. La jugada también tendría implicaciones sobre las casillas de la derecha del tablero: el rechazo al acuerdo por el PP convertiría a esta fuerza en antiautonomista y sería contradictorio con la postura tomada por el PP en otros territorios, como en la Comunidad Valenciana.

Este último aspecto ha quedado contrarrestado por las tensiones del debate territorial y es perfectamente vendible ante el electorado la renuncia a reformar el Estatuto. No obstante, el rechazo de Gabino de Lorenzo tiene mucho que ver con la primera postura del PP sobre el consejo de administración de la televisión autonómica, al intentar boicotearlo. Hay un sector del PP en Asturias que confunde oposición con obstaculización y juega a su favor con la ductilidad de Ovidio Sánchez para acogerse a las dos estrategias. El naipe de la Procuradora revela el juego de los tres partidos ante las elecciones.