Los propietarios de los terrenos que pretende adquirir la sociedad que gestiona la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), proyectada en San Andrés de los Tacones, prevén que el precio que inicialmente les ofrecieron, 7,2 euros por metro cuadrado, será finalmente quintuplicado, hasta llegar a los 36. No obstante, advierten de que esa cantidad tampoco sería suficiente.

De momento, el objetivo es no vender y, a tal fin, se está creando una especie de 'banco de tierras' para propiciar una negociación en bloque. Un banco de tierras es una figura de gran complejidad, conforme a la cual las decisiones pasan a ser tomadas de forma conjunta. En San Andrés no creen que haga falta tanto. Buscan una coordinación, pero, según uno de los habituales portavoces del colectivo, Jesús Fernández Menéndez, cada propietario mantendrá en todo momento su independencia y capacidad para decidir lo que más le interese.

Lo que se está haciendo, pues, es un inventario de cada parcela y cada propietario, con los metros cuadrados de que dispone, valor catastral y, además, la valoración que cada afectado hace de su finca, es decir, poco más o menos, el precio al que estaría dispuesto a venderla.

No obstante, Jesús Fernández asegura que el objetivo no es vender, sino evitar la especulación. Los propietarios de terrenos en la zona que ocupará la ZALIA ponen su máximo empeño en que si el proyecto del Principado llega a ejecutarse, todo beneficio por la transmisión de terrenos se quedará en San Andrés, en manos de los actuales propietarios.

El liderazgo institucional del proyecto, con Principado, ayuntamientos y autoridades portuarias implicadas, no sirve de garantía a los vecinos. Antes bien, de la falta de información deducen que todavía existe poca analítica económica detrás de la idea como para prever cuánto costará dentro de algún tiempo el terreno que la ZALIA quiere ahora comprar.

Suspicacia

Las actuales circunstancias propician la suspicacia. Durante los últimos meses, representantes oficiales de la ZALIA, por una parte, e inversionistas particulares, por otra, se han lanzado a presentar ofertas por unos terrenos que, hoy por hoy, están declarados de protección paisajística, es decir, que teóricamente sirven para poco. La sorpresa deja de ser tal no por lo previsto en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que no reserva terreno concreto para la ZALIA, ni por lo que se haya publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sino por manifestaciones políticas que hacen prever una próxima recalificación de terrenos.

Los vecinos y propietarios se quejan de que no disponen de información oficial alguna sobre lo que va a suceder, ya que una treintena de preguntas que presentaron hace un año a las autoridades locales y regionales siguen sin respuesta. Su temor o, si se prefiere, su sospecha, es que puede haber quien sepa mucho más, porque, en caso contrario, no se explica el inusitado interés en adquirir terrenos de interés paisajístico.

La coordinación para que posibles plusvalías no entren en otros bolsillos será dirigida por una comisión formada, en principio, por el propietario de mayor edad, por el más joven, por el que dispone de mayor superficie y por el que menos terreno afectado tiene, así como por un representante de la Asociación de Vecinos, que, liderada por Eusebio Ortega, asumió desde el principio un protagonismo destacado.

Jesús Fernández asegura que los vecinos saben que la ZALIA puede llegar a ofrecer hasta 36 euros por metro cuadrado, pero no duda en calificar dicha cantidad como «ridícula», así como «provocación» los 7,2 euros de los que, al parecer, se partió.

Hasta ahora, ambos representantes vecinales aseguran que sólo fue vendida una finca de unos 28.000 metros cuadrados, a 12 euros por metro, según algunas informaciones, por supuesto oficiosas.

Expropiación

El miedo a la expropiación no debe servir como acicate para vender, asegura Jesús Fernández, ya que, aunque dicho procedimiento pueda llegar, en este momento no está en absoluto planteado y antes sería necesaria una modificación del PGOU para justificar el interés general por unos terrenos cuyo único valor actual es paisajístico. Además, si esa modificación se plantease tendría que ir acompañada, previsiblemente (depende de la envergadura del proyecto), de un estudio de impacto ambiental.

Dicho de otra forma, los representantes vecinales piensan que, en el peor de los casos, no hay prisa para vender y que el tiempo corre a su favor. «San Andrés no quiere vender y, si alguien quiere comprar, tendrá que pagar el bien y la gana de vender», dice a modo de resumen Jesús Fernández.