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Lunes, 8 de mayo de 2006
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GIJÓN
GIJÓN
La Audiencia ordena la celebración del juicio contra los dueños del geriátrico Marbel
Ordena continuar con el proceso por «abandono de mayores» denunciado por Les Mariñes
DENUNCIANTES. Joaquín Viña Palacios, Julia Fernández del Amo y Santiago León, tras la detenciones en la residencia Marbel. / E. C.
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CRONOLOGÍA
8 de marzo de 2005: la Asociación de Personas Mayores Les Mariñes, de Quintueles, denuncia en la Comisaría de Policía de Gijón que en la residencia geriátrica Marbel de Somió se «abandona y trata de forma degradante a los ancianos». Aseguran se dejaba durante horas a un grupo de mayores metidos en una furgoneta en el aparcamiento de un centro comercial.

5 de abril de 2005: el Servicio de Atención a la Familia (SAF) detiene a los responsables del geriátrico. Se trata de A. G. C., de 52 años, y sus hijas, A. G. F. y M. G. F., de 29 y 22 años, respectivamente.

7 de abril de 2005: la Consejería de Vivienda y Bienestar Social se suma a la causa, por sobreocupación del centro, y anuncia su cierre cautelar así como la imposición de una sanción económica. Los residentes son realojados en la Residencia Mixta de Pumarín y en un geriátrico de Guimarán (Carreño).

10 de enero de 2006: el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Gijón decide sobreseer la causa y archivar la denuncia.

27 de abril de 2006: la sección octava de la Audiencia Provincial revoca el sobreseimiento y ordena que se celebre el juicio.

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Habrá juicio penal para aclarar si los propietarios del geriátrico Marbel, de Somió, causaron «trato degradante» y «abandono» a los mayores que tenían alojados. Así lo ha decidido la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias en un auto firmado el pasado 27 de abril. En él, se revoca el sobreseimiento de la causa y el archivo de la denuncia presentada por la Asociación de Mayores Les Mariñes, de Quintueles, decretada el pasado 10 de enero por el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Gijón.

Los magistrados de la Audiencia consideran, según informó a EL COMERCIO uno de los abogados de la acusación, Santiago León, «que la instrucción debe continuar para proceder a la apertura del juicio oral». León, que sigue la instrucción iniciada en su día por su compañero Joaquín Viña Palacios, resalta que la asociación maliaya, que preside Julia Fernández del Amo, no busca «indemnizaciones económicas», sino que se aclare «si hubo o no abandono».

Cierre y reapertura

La celebración del juicio será la conclusión «más justa» a una causa que llegó a las primeras páginas de los periódicos en abril del año pasado, cuando la policía gijonesa detuvo al dueño del geriátrico y a sus dos hijas que, posteriormente, quedaron en libertad a la espera de juicio. La denuncia más importante que recaía sobre ellos es que se dedicaban a 'pasear' en una furgoneta a algunos residentes para ocultar la sobreocupación que tenía el centro, donde había alojadas doce personas cuando sólo había autorización para siete.

Paralelamente a la actuación policial y judicial, el Principado, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, abrió expediente sancionador a la residencia que concluyó con la orden de cierre y la imposición de una sanción económica que, en principio, rondaría los 12.000 euros. No era la primera vez en la que el Gobierno regional multaba a los propietarios de Marbel, ya que habían sido expedientados en tres ocasiones anteriores, por centros abiertos en otros lugares, con multas de hasta 19.000 euros y el cierre de tres geriátricos, dos con carácter forzoso y uno voluntario.

Los mayores alojados en el Marbel fueron realojados por el Principado en la Residencia Mixta de Pumarín y en un geriátrico de Guimarán. En la actualidad, según precisó Santiago León, un nuevo geriátrico «ocupa el chalé de Somió que tuvo que desalojar el Marbel».



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