El plan especial para el tratamiento de la fachada marítima del Muro de San Lorenzo se atasca de nuevo. Una de las dos únicas comunidades con subvenciones concedidas hasta el momento, la de Rufo García Rendueles 16, ha dado marcha atrás.

Los propietarios, reunidos la pasada semana en asamblea vecinal, retrocedieron sus posiciones aduciendo los inconvenientes fiscales de la operación. Ni siquiera la nueva posibilidad de fraccionar el cobro de las ayudas hasta en cinco anualidades, pensada para aminorar el impacto de los impuestos, les ha animado a seguir adelante.

La necesidad de adoptar acuerdos por mayoría cualificada -con el respaldo de dos tercios de los asistentes- inclinó la balanza a favor de los partidarios de congelar el proyecto para convertir su fachada en un frontal de vidrios acorde con el plan de embellecimiento del principal frente marítimo gijonés.

La decisión, que parece difícilmente revocable, conllevará la pérdida de una subvención de 882.889,17 euros. Dicha suma supone casi 150 millones de pesetas y el equivalente a quince o veinte ayudas municipales para la reforma de fachadas en otras zonas de la ciudad.

El presupuesto total para la reforma de la fachada de este inmueble ascendía a 1.084.191 euros. De ese importe el coste para la comunidad era de 201.302 euros, lo que representaba un gasto repercutido por propietario de 9.585 euros. En estos números no iban incluidas las repercusiones tributarias, diferentes según la renta de cada propietario, que al final se han convertido en el palo en la rueda del proceso.

El inesperado desmarque de esta comunidad de vecinos ha sido acogido como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Gijón, en la empresa promotora del fallido proyecto de remozado -la constructora Murart- y entre un buen número de vecinos del propio bloque de viviendas implicado, que veían en esta intervención urbanística una oportunidad única para revalorizar sus pisos. De hecho, el que era hasta ahora presidente de Rufo García Rendueles número 16, un profesional de la banca, presentó su dimisión tras ver cómo la operación se frustraba en una tensa junta vecinal.

El administrador del edificio, Rafael Chave García, reconoce «el retroceso» que ha supuesto la última junta, pero aún se resiste a darlo todo por perdido. El administrador de fincas asegura que aún es prematuro para hablar de carpetazo definitivo a la reforma que debe cumplir con los requisitos estéticos y constructivos del plan del Muro.

Además se guarda una baza para volver a someter el asunto a votación en el plazo aproximado de un mes. Para entonces podrán estar ya presentes en la asamblea vecinal los inquilinos de temporada. Esto es, propietarios que tienen allí su piso como segunda residencia vacacional. En Rufo García Rendueles 16 este tipo de propietarios representan aproximadamente entre el 20 y el 25% del total. Su voto, por tanto, puede ser decisivo en aras de obtener una mayoría cualificada a favor del sí.

No obstante, ante la perspectiva de que su comunidad tenga que devolver la millonaria subvención, Chave García ya ha empezado a estudiar la viabilidad de una reparación convencional de la fachada. Una actuación de menor envergadura que, en suma, no conlleve unas cargas fiscales tan gravosas. También ha pedido a los vecinos bajo su tutela que aprovechen la actual campaña de la declaración de la renta para asesorarse correctamente en materia fiscal.

El edificio que ha renunciado a acristalar su fachada tiene 41 años y al encontrarse en primera línea de playa presenta todo tipo de patologías. De hecho, el informe sobre el estado del inmueble, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, explica que éste se halla en un avanzado estado de deterioro que aconseja adoptar medidas con prontitud para evitar desprendimientos de elementos a la vía pública, con el riesgo de daños a terceros.