Al final la broma tendrá sanción, aunque será muy poca cosa. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha decidido expedientar a un funcionario de prisiones que respondió en 'andalú' a un requerimiento en catalán de un tribunal de Barcelona. La guasona carta ha llegado incluso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha rechazado actuar contra el díscolo trabajador penitenciario.