A partir del próximo curso escolar, los propios centros de enseñanza tendrán la última palabra en lo referente a revisión de notas. Las reclamaciones sólo llegarán hasta el servicio de Inspección Educativa a petición de los padres en «casos de emergencia», según explicó ayer el consejero José Luis Iglesias Riopedre ante la Comisión de Educación y Ciencia de la Junta General del Principado. El anuncio supone una reforma del actual sistema de reclamaciones, que para el diputado regional del Partido Popular Emilio Rodríguez «no ha sido válido ni justo».