A partir del próximo curso escolar, los propios centros de enseñanza tendrán la última palabra en lo referente a revisión de notas. Las reclamaciones sólo llegarán hasta el servicio de Inspección Educativa a petición de los padres en «casos de emergencia», según explicó ayer el consejero José Luis Iglesias Riopedre ante la Comisión de Educación y Ciencia de la Junta General del Principado. El anuncio supone una reforma del actual sistema de reclamaciones, que para el diputado regional del Partido Popular Emilio Rodríguez «no ha sido válido ni justo».

EL COMERCIO ya había adelantado en noviembre los datos. Educación elevó en 2004 la nota de 35 alumnos que habían sido suspendidos por las otras dos instancias (el centro escolar y la Inspección). Eso, sobre un total de 178 reclamaciones, de las que el Servicio de Inspección sólo había estimado once. Aunque aún sin precisar el número de recursos, Riopedre reconoció ayer que en ese curso 2003-2004 «no llegaron a 40» esos aprobados.

Lo que sí precisó fue que durante el curso pasado (2004-2005) hubo 525 reclamaciones, de las que se aceptaron 130. Esta cifra varía sensiblemente respecto a la última admitida por el propio consejero, que en marzo de este mismo año insistió en que durante el curso 2004-2005, tal y como había avanzado EL COMERCIO, se recogieron 519 quejas, de las que 136 se resolvieron a favor del alumno. Es decir, se aprobó a un 26,2 de los suspensos.

La historia de fondo en esta polémica abarcaba los distintos niveles de la cadena educativa. Todo comenzaba en los centros, donde los alumnos pedían una revisión de sus notas cuando no estaban conformes con la calificación de su profesor. El siguiente paso eran los técnicos de la Inspección Educativa, que emitían su juicio. En última instancia, la Dirección General de Ordenación Académica daba una nueva valoración, en algunos casos contraria a la de profesores e inspectores. Para algunas asociaciones de padres, las reclamaciones significaron «aprobados políticos».

«Conflicto de derechos»

Riopedre se mostró reticente a abordar el tema durante la comisión de ayer -«me niego a explicar los debates internos de la consejería»- y lo condensó en «un conflicto de derechos». En su opinión, choca el derecho del alumno a reclamar con el del profesor a que se respeten sus decisiones. Por este motivo, consideró que «es en el centro donde se ha de encontrar el equilibrio de los derechos».

Más del 60% de las reclamaciones, precisó Riopedre, estuvieron relacionadas con la madurez de los alumnos, y en su opinión, sólo los profesores que los conocen y trabajan día a día con ellos pueden valorar dicho aspecto, cosa que harán en exclusiva a partir del próximo curso. Esta reforma se situará dentro del decreto de los derechos de los alumnos que prepara la consejería. «Nuestra reflexión no tiene nada que ver con criterios políticos», subrayó con insistencia.

Emilio Rodríguez, del PP, expuso lo contrario: «No entiendo que la estancia política entre a valorar criterios técnicos, como ha ocurrido». El portavoz de la oposición vio acertada la reforma anticipada por Riopedre y dijo que si no la hubiera anunciado ayer, «el PP habría pedido su dimisión». Indicó que el número de recursos había crecido porque «se corrió la voz y los alumnos empezaron a pensar que con un 1 se podría aprobar».

La visión y las cifras del consejero fueron diametralmente distintas. Riopedre admitió que entre 2003 y 2004 «el tema se disparó», pero matizó que «entre los años 98 y 2003 se pasó de unas 270 reclamaciones a trescientas y pico, que ya era un número importante». Recordó que entonces había otro Gobierno. «Si nos ponemos a hablar de datos en un tema tan sensible...», fue la frase que puso punto final a la intervención del consejero.