La decisión del Principado de fijar el límite máximo para financiar los libros de texto en unos ingresos anuales de 60.000 euros no ha sentado nada bien en las filas de los socios de gobierno, al menos en Gijón. La concejala de Educación del Ayuntamiento gijonés, Carmen Rúa, de IU, criticó ayer duramente dos de los puntos fundamentales en los que se basará la gratuidad de los libros: este límite, por considerarlo excesivamente alto, y el hecho de que los textos sean en propiedad y no en préstamo, algo que es «un derroche total», a su juicio. «Me parece un despropósito y un insulto -dijo tajante Rúa-, especialmente a los jóvenes y a las familias con ingresos bajos. Las personas que tengan un sueldo digno pueden permitirse comprar esos libros, y es su responsabilidad».

Rúa considera tan elevada la cifra que, asegura, «cuando lo leí en la prensa pensé que era un error, que tenían que ser 25.000 o 30.000 euros anuales». Y lo leyó en la prensa porque, dice, «los socialistas, con la prepotencia a la que ya nos tienen acostumbrados, no consultaron esa medida con nadie». Sí conocían la decisión, al parecer, las asociaciones de madres y padres de alumnos. Por eso, la concejala gijonesa ve en esto «un paso claro a la campaña electoral. Informan a los padres y les tienen contentos, porque son los que les van a votar».

Carmen Rúa considera ilógico que se amplíen de esa forma las ayudas para la compra de libros y «no se den becas de comedor, ni de desayuno, ni para actividades extraescolares, que hacen falta socialmente». Por eso, tachó de «mala administración de los bienes públicos» el hecho de financiar a todos los que ingresen menos de 60.000 euros al año.

Sea como fuere, lo cierto es que el Principado ha impuesto ese límite, y que los libros serán en propiedad, que se ingresará 90 euros por cada hijo estudiante de Primaria y 130 por el de Secundaria.