Después de meses de continuas oleadas de inmigrantes subsaharianos en las Islas Canarias, el Gobierno ha conseguido arrancar de sus socios comunitarios el primer gesto de colaboración: a partir de junio, ocho países de la Unión Europea, además de España, prestarán agentes, patrulleras y medios aéreos para vigilar las costas atlánticas africanas de las que cada día parten los cayucos con destino al archipiélago.

Ni siquiera los responsables del Ministerio del Interior esperaban tanto de la reunión de trabajo que ayer tuvo lugar en Madrid con los embajadores en España de Francia, Reino Unido, Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Holanda, Austria y Finlandia.

Todos los asistentes se comprometieron a prestar medios materiales y humanos para poner en marcha el ambicioso plan diseñado por la Guardia Civil para detectar e interceptar las embarcaciones clandestinas en las costas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Unas maniobras que evitarán que las barquillas lleguen a aguas internacionales del Atlántico, desde donde no pueden ser obligadas a retornar a sus puertos de origen.

El secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, explicó que el operativo del instituto armado incluye el despliegue de cinco patrulleras en cinco zonas marítimas de estos tres países, en particular en los alrededores de cuatro puntos calientes de partida: el puerto de la ciudad senegalesa de Saint-Louis (fronteriza con Mauritania); la capital mauritana, Nouakchott; el puerto mauritano de Nouadhibou (en el límite con el Sáhara Occidental), y Cabo Verde, «punto de paso de los barcos negregros», según admitió Camacho.

Las patrulleras europeas estarán apoyadas desde el aire por cinco helicópteros y un avión, que también serán aportados por los socios comunitarios. Estos países, igualmente, deberán destinar oficiales de enlace y tripulaciones para los barcos de vigilancia, en virtud de los acuerdos alcanzados en el encuentro de este lunes.

Aunque los flecos del despliegue europeo en los países de origen de la inmigración deben cerrarlos antes del 2 de junio los técnicos de la Agencia de Control de Fronteras de la UE, en la reunión multilateral del Ministerio del Interior ya se perfiló la aportación de algunos países. Francia, Gran Bretaña y Portugal están dispuestos a facilitar medios técnicos y materiales (el Gobierno luso ha prometido una patrullera), mientras que Alemania, Grecia e Italia tienen previsto enviar agentes al dispositivo. Antonio Camacho aseguró que la puesta en marcha de este primer operativo conjunto europeo es prueba de que los socios comunitarios «están dispuestos a trabajar de forma eficaz y eficiente». Se trata -añadió- de poner coto a este «tremendo problema humano» generado por la «gravísima crisis económica y de subsistencia» en los países del África subsahariana.