Los dos juzgados de Familia de Gijón están 'colgados'. Un fallo informático de origen desconocido tiene de brazos cruzados a los funcionarios desde el viernes de la semana pasada. Todos los procedimientos en curso han quedado paralizados y no se ha vuelto a dar entrada a ningún asunto, ante la imposibilidad de acceder al programa utilizado para todos estos trámites. Sólo los dos magistrados y los secretarios judiciales mantienen parte de su actividad cotidiana: celebran vistas y toman notas a mano.
Por el momento, ni el Ministerio de Justicia, ni la gerencia territorial ni la compañía telefónica responsable de la línea han ofrecido soluciones. De hecho, desde el viernes ningún técnico ha inspeccionado la instalación de los dos juzgados, ubicados en un entresuelo de la calle de Donato Argüelles.
Los ciudadanos ya han empezado a sufrir las consecuencias de estos problemas informáticos. Desde el viernes, varias personas han acudido a ambas sedes judiciales para registrar demandas, otorgar poderes o ratificar escritos, trámites que no se han podido realizar. De hecho, algunos de los afectados llegaron a pedir hasta en dos ocasiones permiso en el trabajo para ir al juzgado.
Los retrasos en los procedimientos se producen en una época en la que, por lo general, se ve alterada la marcha de las unidades judiciales por las vacaciones de verano de los funcionarios. La avería informática generará una disfunción que se arrastrará durante semanas.
Este no es el único problema al que se han tenido que enfrentar estos juzgados en los últimos seis meses. A finales del pasado diciembre, el Ministerio anunció la creación de la segunda unidad de Familia en Gijón. Las dos sedes fueron trasladadas a un edificio de la calle de Donato Argüelles con numerosas deficiencias que retrasaron el inicio de su actividad y que aún hoy la dificultan.
Escaleras
Uno de los mayores inconvenientes del inmueble son los dos tramos de escalera que hay que subir para poder llegar a unos juzgados a los que asisten con regularidad niños, ancianos y discapacitados, dada su especialización. El Ayuntamiento de Gijón se hizo eco de las protestas ciudadanas y comunicó al Ministerio de Justicia que el edificio no cumplía los requisitos de accesibilidad y que tenía un plazo de dos meses para eliminar las barreras arquitectónicas. El plazo expiró hace hoy catorce días, y las escaleras siguen en su sitio.
Los técnicos del Ministerio elaboraron un proyecto para colocar un ascensor que las sustituyera, pero los trabajos aún no han comenzado. Se prevé que pueda estar listo, como pronto, después del verano.