Julen Madariaga, detenido el martes en el País Vasco francés en la operación contra el aparato de extorsión de ETA, ha sido procesado hoy por jueces antiterroristas de París y ha quedado en libertad bajo control judicial. Mientras, en Madrid el juez Fernando Grande-Marlaska ha decretado prisión incondicional para Joseba Imanol Elosúa Urbieta, el tercero y principal de los cinco detenidos en España en dicha operación.

Madariaga, de 73 años, fue imputado por asociación de malhechores con fines terroristas, financiación del terrorismo y complicidad de extorsión de fondos en banda organizada, agregaron las fuentes.

Tal como había pedido la Fiscalía, fue puesto en libertad bajo control judicial. Después de rechazar la violencia hace años, Madariaga pasó a ser uno de los impulsores y dirigentes de Aralar. Reside en Saint-Pée-sur-Nivelle. Otro de los detenidos en la operación del pasado martes, José Ramón Badiola Zabaleta, no ha sido procesado y ha quedado libre, indicaron las fuentes.

Señalaron que los otros cuatro arrestados en la redada y para los que la Fiscalía ha pedido la detención preventiva, están a la espera de comparecer ante los dos magistrados antiterroristas con vistas a su procesamiento por asociación de malhechores con fines terroristas y extorsión de fondos en banda organizada.

Luego habrán de pasar ante un juez de las libertades y la detención, que deberá decidir si ingresan o no en prisión, por lo que el proceso de comparecencias puede prolongarse hasta muy tarde. Se trata del supuesto jefe de la red, Angel Iturbe Abásolo, de 53 años y hermano del que fuera uno de los máximos dirigentes de ETA, "Txomin"; y Eloy Uriarte Díaz (64 años), alias "señor Robles", al que se le atribuían funciones de responsabilidad en el aparato financiero en los 80.

También debe comparecer ante los jueces instructores José Antonio Cau, en cuyo domicilio se halló el recibo, con fecha de este mes, de un pago de 64.000 euros por empresarios que correspondía a una carta de extorsión enviada en 2001, según fuentes de la investigación. Asimismo ha de comparecer ante los magistrados María Cristina Larrañaga.

Prisión incondicional para Elosúa Urbieta

Además, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado hoy prisión incondicional incomunicada para Joseba Imanol Elosúa Urbieta, el tercero y principal de los cinco detenidos en España en la operación de la madrugada del pasado martes contra el aparato de extorsión de ETA , según informaron fuentes jurídicas.

El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy pidió que el magistrado adoptase esta medida cautelar contra el detenido tras tomarle declaración durante aproximadamente tres horas. El principal imputado en España de la red de extorsión de ETA declaró "exhaustivamente" sobre los hechos que le imputa Grande-Marlaska en relación con su papel dentro de la red de extorsión de la organización terrorista, según precisaron dichas fuentes.

Elosúa Urbieta está considerado uno de los detenidos con más importancia dentro del aparato de extorsión desarticulado en España. Este imputado regentaba el restaurante "Faisán", en la localidad de Irún (Guipúzcoa), que según las investigaciones fue adquirido con el dinero proveniente del "impuesto revolucionario" y donde supuestamente los integrantes del aparato de finanzas enviaban el dinero recibido de la extorsión.

Prisión para dos arrestados

Grande-Marlaska ha enviado también a prisión a otros dos de los arrestados en la citada operación. Así, el jueves por la noche y a instancias de la Fiscalía, el juez dictó el ingreso en prisión provisional incomunicada, acusado de un delito de integración o colaboración con ETA, de Jean Pierre Harocarena Camio, el primero de los detenidos en comparecer en la Audiencia Nacional.

Posteriormente, ayer por la noche, hizo lo mismo con José Carmelo Luquín Vergara, a quien imputó igual delito que al anterior. Según las investigaciones, Elosúa Urbieta, de 71 años, detenido en Santa Pola (Alicante) junto a su yerno José Carmelo Luquín, aparece vinculado a las actividades de extorsión desde comienzos de los años ochenta, según las fuentes de la investigación.

La investigación que ha llevado a estas detenciones, -cinco en España y siete en Francia- ha sido desarrollada por un equipo conjunto hispano-francés liderado por los jueces Grande-Marlaska y Laurence Le Vert.

La operación ha permitido desmantelar una red que coordinaba y canalizaba desde Francia las peticiones exigiendo el pago del "impuesto revolucionario" a los empresarios españoles, según el Ministerio del Interior.

En España, la red invertía presuntamente los beneficios obtenidos y también hacía desaparecer ese capital de los circuitos financieros regulares y fiscalizables, trasladándolo a paraísos fiscales.