Las grandes empresas tendrán ocho años y no cuatro, como se preveía, para acomodar en sus consejos de administración al menos a un 40% de mujeres y cumplir así con los preceptos de la futura Ley de Igualdad.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto legislativo con un recado conciliador a los empresarios, muy críticos con una norma que les empuja a negociar con los trabajadores la igualdad en los centros laborales, establecer planes para equiparar a hombres y mujeres, y a repartir la 'tarta' del poder en las grandes firmas, que ahora sólo es masculina. Apenas un 3% de los consejeros y los altos directivos empresariales son mujeres.

«Espero que les guste la flexibilización de este requisito», admitió Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales tras la reunión semanal del Gabinete. Esta concesión a las compañías, que además de contar con cuatro años más de margen no pasarán exámenes anuales para evaluar cómo va la incorporación de féminas en sus órganos directivos, es, de hecho, la única modificación del texto después del paso por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Económico y Social (CES), y el Consejo de Estado.

Todo lo demás sigue igual, incluidos los incentivos -preferencia en las contrataciones con las administraciones públicas- de que disfrutarán las empresas más comprometidas con la igualdad. Aquellas que consoliden una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la plantilla y la dirección tendrán ventaja para contratar con las administraciones públicas.

El Gobierno medirá el grado de cumplimiento de estas recomendaciones al cabo de cuatro años. Si por las buenas los empresarios no avanzan en la senda de la igualdad, la norma se endurecerá. Pero, hoy por hoy, «ésta no es una ley coactiva», señaló Caldera.

Cuantiosas multas

Buena parte de su contenido es de mero impulso. Así, se insta a dar preferencia en la contratación y promoción de mujeres en las empresas con plantillas y cuadros dirigentes con claro predominio masculino. Se obliga a las empresas a negociar en los convenios medidas que promocionen la igualdad de trato -acceso, salario y ascensos- entre hombres y mujeres, pero no están obligadas a alcanzar acuerdos. Las de más de 250 trabajadores, sin embargo, tendrán que adoptar planes preceptivos en este sentido.

Hay algunas medidas, cuyo incumplimiento podría costar hasta 90.000 euros. La ley define además conceptos como la discriminación por sexo, el acoso sexual y el acoso en razón de sexo.